El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto a los agentes sociales un incremento en las cotizaciones que tendrá por objetivo llenar la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social), que ahora tiembla con apenas 2.000 millones cuando llegó a tener cerca de 67.000 millones en 2011.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que esta propuesta "no recorta ninguna pensión en ningún caso y en ningún momento", a diferencia del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que penalizaba a los pensionistas con recortes, especialmente a los más jóvenes.
"Este mecanismo simplemente genera una válvula de seguridad y da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad", ha subrayado Escrivá en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press. El ministro no ha querido detallar mucho más su propuesta.
La idea del Gobierno pasa primero por subir medio punto las cotizaciones sociales durante diez años, a partir de 2023 y hasta 2032. El objetivo de este plan, que sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado, es garantizar las pensiones para esa década de los baby boomers, los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
Se calcula que entre esas fechas hubo años en los que se registraron unos 600.000 nacimientos en España. Para hacernos una idea en 2019 hubo 360.000 nacimientos anuales y en 2020 -año marcado por la pandemia- se registraron 338.000.
De llevarse a cabo el cambio, el tipo de cotización pasaría del 28,30% al 28,80%. Ahora la empresa aporta un 23,60% de la base de cotización, mientras que el trabajador pone un 4,70%. por lo que, el incremento propuesto supondría abonar 10 euros extra al mes a pagar entre un trabajador medio y la empresa, cuantía que se reduciría a 5 euros al mes para uno mileurista.
Como segunda pata, el Gobierno se propone que, a partir de 2032 y cada tres años, se verifique si el nivel de gasto en pensiones en 2050 supera la previsión para ese año del informe Ageing Report de la Comisión Europea de 2024 o un documento análogo.
En caso de superarse se utilizaría el Fondo de Reserva ya dotado para financiar el gasto en pensiones con una disposición anual de hasta el 0,2% del PIB y, si no fuera suficiente, el Gobierno negociaría con los interlocutores sociales "minorar el porcentaje de gasto en pensiones" sobre el PIB.
Si el nivel de gasto no supera las previsiones de la Comisión, no se aplicarían medidas adicionales y el aumento de cotización se devolvería mediante una rebaja o un aumento de las pensiones.
Mesa de diálogo
Pese a la propuesta del Gobierno, la reunión de la mesa de diálogo social que ha tenido lugar este martes se ha cerrado sin ningún tipo de acuerdo. El Ministerio ha emplazado a los agentes sociales a reunirse de nuevo el lunes 8 de noviembre.
El Ministerio ha presentado en la reunión de este martes un documento del MEI sobre el que se seguirá negociando. Desde los sindicatos subrayan que el encuentro ha acabado "sin novedad" y que no se les ha entregado ninguna propuesta cerrada sobre el mecanismo.
El MEI forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales pero está pendiente de concretarse. Este mecanismo, que operará a partir de 2027, tiene por objetivo preservar el equilibrio del sistema a largo plazo y la equidad entre las distintas generaciones de pensionistas.
