Madrid
Las diferencias en el seno del Gobierno son cada vez mayores. Actualmente, hasta siete puntos separan a socialistas y podemitas en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Se trata del impuesto de Sociedades, la Ley de Vivienda y especialmente el consiguiente control precio del alquiler, la reforma laboral, la renta mínima, la reforma de las pensiones y, las ayudas a la maternidad que postula la ministra podemita, Ione Belarra.
En plena negociación presupuestaria no han pasado por alto las últimas discrepancias entre Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social. La versión contrapuesta sobre las pensiones y la edad de jubilación ha enzarzado al Gobierno en una polémica que no viene más que a ahondar en las distancias ideológicas, ahora que los datos macroeconómicos están desfasados y la inflación sube al 4%.
Sin Pablo Iglesias ya en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Escrivá se ha convertido en el talón de Aquiles de los podemitas. Y es que el expresidente de AIReF es responsable de importantes áreas de sensibilidad social para el electorado de Unidas Podemos, y además cuenta con más presupuesto que los negociados del ala minoritaria del Gobierno. Esto podría explicar en parte el agrandamiento de la guerra abierta en el seno del Gobierno.
Este miércoles, la vicepresidenta hacía hincapié en su voluntad de negociar los Presupuestos, y muy especialmente en su agenda para sacar adelante los temas sociales que más preocupan a Podemos, entre los que están una reforma fiscal que implique directamente subir impuestos, una Ley de Vivienda con el control del alquiler como medida estrella, la reforma laboral -aunque está irá relacionada a la recepción de los fondos-, la extensión de la renta mínima o, la subida de las pensiones, materias que suponen un incremento del gasto público.
Freno en las negociaciones
En este ambiente de tensión manifiesta en el Gobierno, la situación en la que se encuentra la negociación de Presupuestos no es más que la extensión de las distancias crecientes en la coalición. Y es que todo lo que hacía presagiar un acuerdo inmediato se empezó a tambalear ayer cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a admitir que puede haber un alargamiento del plazo de la negociación y extenderse a la primera quincena de octubre, una semana más allá de lo previsto. Abundando en esta circunstancia, la ministra agrega que lo importante es que va a haber PGE "antes de que acabe el año para que entre en vigor el 1 de enero".
Entretanto, Montero ha pedido a Unidas Podemos "prudencia" con las filtraciones de los temas que están sobre la mesa; y lo hace mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene abiertamente que "es evidente que no hay acuerdo" por el enquistamiento de la Ley de Vivienda o la fijación del Impuesto de Sociedades al 15%.
En este tira y afloja entre los socios de Gobierno, ahora parece que es la propia ministra de Hacienda la que prefiere que esa subida fiscal se retrase a las conclusiones de los expertos que incluye una reforma global de los impuestos; es decir, previsiblemente, no antes del mes de febrero.
Ajena a las apelaciones de discrepancia, Díaz sostiene a ultranza que "es conocido que si queremos adelantar en nuestro país ese tipo al 15 % en Sociedades", es porque "no se entendería" que una pequeña empresa pague "más impuestos que una grande, lo que es de una enorme injusticia social", apostilla la dirigente podemita.
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