Con la polémica reciente por la propuesta de Ximo Puig de gravar específicamente a las rentas altas de Madrid, y la batalla latente por el modelo fiscal entre comunidades autónomas y entre las distintas formaciones políticas -e incluso dentro de los mismos partidos-, la revisión de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda pone de manifiesto un dato incontestable: la Comunidad de Madrid es la región de España que más capacidad fiscal tiene, con los impuestos más bajos, y que al tiempo más aporta al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), concretamente, el 70% frente al segundo, que es Cataluña, con un 23%. Dicho de otro modo, Madrid triplica en solidaridad a Cataluña, y aun más a Baleares, las únicas tres CCAA aportantes a la solidaridad del sistema.
Cabe recordar que este Fondo de de Garantía se emplea para corregir desequilibrios territoriales, y sirve para financiar los servicios públicos de las comunidades autónomas
En términos numéricos, la aportación de Madrid al Fondo de Garantía, con un peso relativo de la población ajustada del 14,60%, alcanzó la cifra récord, en 2019 con 4.343 millones de euros. Cataluña, por su parte -con un 17,10% de población ajustada-, aportó 1.468 millones y, Baleares, con un 2,5% de población ajustada contribuyó a este fondo con 364 millones de euros.
Desde el punto de vista de la capacidad tributaria, la Comunidad de Madrid es la que más recauda por el tramo autonómico del IRPF, con 11.664 millones de euros en 2019. Esto supone 1.091 millones más que la segunda región con mayor recaudación, que es Cataluña (10.573 millones de euros)
En la actualidad, Madrid cuenta con el tipo mínimo del impuesto más bajo de toda España, en el 9%, mientras que Cataluña lo tiene en el 12%. Asimismo, el tipo máximo del IRPF en la Comunidad de Madrid es del 21% mientras que en otras comunidades como Cataluña o Extremadura llega al 25,5% y 25%, respectivamente.
En medio del ruido sobre el efecto de capitalidad que el ministro José Luis Escrivá esgrimió que había que debatir para acercarse a la armonización que según el titular de Seguridad Social inspiran las instituciones internacionales, otro de los datos que reflejan que la Comunidad de Madrid tampoco sale beneficiada de su posición en el mapa es la inversión real del Estado en 2021. Según datos oficiales de Hacienda, mientras en Cataluña, Murcia y Valencia las inversiones han crecido de 2018 a 2020 en un 62,96%, 83,65% y 57,2%, en Madrid -pese a su capitalidad-, las inversiones del Estado se han mermado creciendo de 2018 a 2020 en un exiguo 0,24%.
Inversiones que son gastos
Esta semana, la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González dio a conocer públicamente un compendio de actuaciones e inversiones por valor de 7.775 millones de euros para la Comunidad de Madrid, a lo largo de este primer semestre. Con estos datos, González subrayó que el Ejecutivo de España sí que cumple con la administración que preside la rival política, Isabel Díaz Ayuso.
Sin embargo, en el estudio del documento, presentando se distingue que, al menos 5.200 millones de esos 7.775 pertenecen a partidas que recogen básicamente gastos por el covid, entre otras, 463 millones en pagar los Ertes -recalcando que 132.380 madrileños están protegidos cada mes; 784 millones en avales de los ICO; 818 millones en prestaciones para autónomos -precio que por cierto no se señala-.
Ya en en el capítulo de Impulso y Dinamización Económica, el documento incluye 3.110 millones de euros en concepto de autorizaciones de endeudamiento, donde el papel del Ejecutivo es de mero avalista, porque quien tiene que pagar esa deuda es la Comunidad de Madrid, y no el Estado.
Como ya explicará este sábado en elEconomista, y como reacción a las críticas al efecto de capitalidad y al informe de la Delegación del Gobierno, este domingo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, cargó contra el "socialismo fiscal" e indicó que Madrid no tiene la "culpa" del "desgobierno" en España. El consejero de Justicia también afirmó que no van a permitir que se imponga el "socialismo fiscal basado en altos impuestos, gasto desmesurado e ineficiencia en el gasto".