Madrid
Adicionalmente a la tradicional actividad inversora en activos inmobiliarios, o la más actual inversión en criptodivisas -apuestas de mayor riesgo pero de mayor rentabilidad- en algunos países se ha venido desarrollando un mercado de inversión centrado en los procedimientos judiciales, gracias a lo cual un demandante que puede tener un buen caso pero no los fondos suficientes como para poder afrontarlo, obtiene financiación para enfrentarse a los altos costes derivados de un proceso judicial.
En efecto, la financiación privada de litigios ajenos es una práctica creciente a través de la cual una serie de personas que actúan como inversores independientes, financian a alguno de los contendientes o, incluso a un grupo de afectados para presentar una demanda colectiva, cubriendo los costes del proceso o cualesquiera otros gastos en los que dicha parte pueda incurrir. Todo ello, a cambio de un porcentaje de lo obtenido en caso de resultar ganadores en el proceso, explica Francisco Pérez Bes, socio de Derecho digital en Ecix Group.
Esta iniciativa, de origen norteamericano -comúnmente conocida como third party litigation funding (TPLF)- también se extiende a procesos arbitrales y procedimientos de insolvencia.
El TPLF es una práctica comercial que se está desarrollando rápidamente en el mercado jurídico sin un marco legislativo adecuado a nivel de la Unión Europea. En este caso, los inversores operan desde varios estados miembros, y sus actividades quedan sometidas a diferentes normativas nacionales. Según los datos de que se disponen, actualmente se han identificado más de 45 organizaciones de financiación de pleitos que operan en Europa, aún a pesar de la ausencia de regulación.
Tal situación puede suponer un obstáculo para el correcto funcionamiento del mercado interior. Una falta de claridad en las condiciones bajo las cuales los inversores en pleitos operan en cada uno de los países y una falta de homogeneidad en el marco legal aplicable entre los distintos estados miembros, conlleva riesgos de, entre otros, fórum shopping que conviene evitar.
La razón de la rápida extensión de esta práctica se debe a la alta rentabilidad que puede obtenerse a través de estas inversiones, que los patrocinadores cobran directamente de las indemnizaciones obtenidas al ganar el juicio.
En algunas ocasiones la tasa de retorno para los inversores ha alcanzado el 300%, lo que plantea el debate acerca de las prácticas abusivas que también pueden tener lugar en este sector.
En algunos casos, la tasa de retorno para los inversores ha llegado a alcanzar más del 300%
A la vista de esta situación, destaca Pérez Bes, la comisión de asuntos jurídicos de la Comisión Europea ha presentado una propuesta de resolución, de fecha 17 de junio, para la aprobación de una Directiva que regule la actividad de financiación privada de litigios, al objeto de que se regulen los derechos y obligaciones de las entidades que se dediquen a este tipo de actuaciones, y de dotar de una mayor transparencia y lealtad en el desarrollo de estas iniciativas. La propuesta de Directiva también persigue establecer salvaguardas para prevenir conflictos de interés, abandono de los litigantes una vez iniciado el juicio, demandas abusivas o el desequilibrio en el reparto de beneficios entre los demandantes y estos patrocinadores de pleitos.
Y es que los riesgos a los que se exponen los usuarios de este tipo de servicios pueden afectar a la independencia del abogado en la dirección letrada, debido especialmente a las presiones que puedan realizar estos fondos pensando únicamente en sus intereses económicos y, en ningún caso, en los intereses de los demandantes afectados por una situación potencialmente injusta que, gracias a su apoyo económico, pueden revertir.
Así, por ejemplo, aún a pesar del rápido desarrollo de este tipo de prácticas, no parecen haber tenido un impacto positivo en la administración de justicia. Los inversores suelen elegir aquellos pleitos que potencialmente ofrezcan mejores rentabilidades, evitando aquellos que supongan mayores riesgos. Para ello se pueden utilizar algoritmos, gracias a los cuales puede calcularse la probabilidad de lograr una sentencia favorable. En una era en la que todo se convierte en negocio, la Justicia no es una excepción.
La financiación por terceros de los costes derivados de un procedimiento judicial o arbitral es una práctica muy extendida en el mundo anglosajón, donde los costes de los arbitrajes son mucho más elevados. Esta fórmula ha despertado gran interés en España y Latinoamérica, sobre todo para arbitrajes internacionales y de inversión, por varios factores. Ambas regiones disponen de ordenamientos jurídicos que permiten la financiación por terceros; los sistemas legales promueven el uso del arbitraje como fórmula para la resolución de controversias; y existen cada vez más disputas relevantes, en sectores como la energía o el transporte.
Esta práctica se abre camino en España con varios fondos
La maduración del negocio del capital privado en España ha despertado el interés de nuevos jugadores internacionales, que hasta hace unos años solo buscaban oportunidades en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Australia. Este ha sido el caso de los fondos de litigación, que llevan años analizando y cerrando oportunidades de inversión en el país. La fórmula es aparentemente sencilla: compran pleitos concretos a compañías a cambio de un desembolso económico; como contraprestación, se llevarán un porcentaje si consiguen ganar la demanda. Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Acciona y el conflicto del ATLL, que ha acabado en manos del fondo estadounidense Fortress, en un pleito valorado en 1.036 millones que la constructora española ya ha conseguido monetizar. Pero no ha sido el único. Además del ATLL, Acciona ha vendido otro paquete de litigios a esta gestora, tal y como adelantó elEconomista, valorado en 300 millones de euros, que se suman a otros pleitos, informa Araceli Muñoz.
