Bruselas
Los Estados miembros de la UE aprobaron la reforma de la Política Agrícola Común, cerrada el pasado viernes por los negociadores del Consejo (que agrupa a los Gobiernos de los 27) y del Parlamento Europeo. Tal y como explicó la ministra de agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, quien lideró las discusiones por parte de los países este semestre, se trata de la reforma "más grande" de la PAC desde los años 90. Tras el espaldarazo de los ministros de Agricultura en Luxemburgo, el Parlamento Europeo deberá dar su visto bueno en las próximas semanas, antes de que entre en vigor en 2023.
Los 387.000 millones de euros que se dedicarán en este marco presupuestario (2021-2027) al campo no solo tendrán en la mira objetivos de productividad, sino también medioambientales y climáticos. Además, por primera vez, introducirá una condicionalidad social que los beneficiarios deberán cumplir para recibir los pagos, como había demandado el Parlamento Europeo.
La principal novedad de esta nueva PAC será la inclusión de los denominados 'ecoesquemas'. Hasta el 25% de los pagos se reservarán a estos esquemas, que podrían incluir la restauración de humedales para absorber CO2 o la agricultura orgánica, aunque organizaciones ecologistas criticaron que las reglas no definieran qué se considerará un esquema ecológico, dejando enorme manga ancha a los Estados miembros.
Otra de las novedades será la redistribución de las ayudas directas. Hasta ahora, el 80% de los pagos iba al 20% de los agricultores. Con la nueva PAC, los Estados miembros estarán obligados a redistribuir al menos el 10% en beneficio de las explotaciones agrícolas más pequeñas.
Además, tal y como pedía España, Bruselas empezará a estudiar los residuos y los productos fitosanitarios utilizados por productores de países terceros, dejando la puerta abierta a utilizar medidas regulatorias en el futuro para que haya "equidad" con los requerimientos que tienen que cumplir los agricultores europeos.
Los Estados miembros tendrán ahora hasta el 31 de diciembre de este año para elaborar sus planes estratégicos para ejecutar en sus territorios la nueva PAC.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se mostró satisfecho tras el encuentro de dado que se trata de un "buen acuerdo", valorando los cambios que traerá al hacer la PAC más verde. "Hemos visto nuestros objetivos cumplido", dijo, incluyendo los 47.724 millones de euros que España se llevará bajo el nuevo marco.
Ahora Planas tendrá que poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas para finalizar el plan estratégico que tendrá que enviar a Bruselas antes de que concluya el año. El ministro indicó que se pondrá en contacto con las comunidades mañana para convocar una conferencia sectorial para cerrar la negociación en julio. El Gobierno central y los autonómicos tendrán que cerrar varios aspectos, incluyendo los pagos redistribuidos o el número de regiones de pago, uno de los puntos que probablemente despertará más tensiones.
Solo cuatro Estados miembros tienen más de una región de pago, y España tiene 50 en total. La Comisión emitió el pasado diciembre 17 recomendaciones para España para su plan nacional, en las que pidió una reducción significativa del número de regiones de pago.
Planas explicó que lleva tiempo conversando con las comunidades sobre este punto, y que la reforma tendrá que ser "gradual", aunque tanto el Gobierno central, como los regionales y Bruselas "nos tendremos que encontrar en algún punto".
