Bruselas
Tras tres años dando vueltas a los detalles y porcentajes, los negociadores Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo lograron un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común el pasado viernes. Se cerraron así los flecos de la principal partida de gasto de la UE, que en el periodo 2021-2027 se llevará un tercio del presupuesto de la UE: 387.000 millones de euros.
La nueva PAC reservará más fondos a los objetivos de sostenibilidad, recortará los fondos que terminan en grandes terratenientes e introducirá por primera vez una condicionalidad social.
Portugal consiguió cerrar el acuerdo en los últimos días de su presidencia semestral del Consejo, pero deberá recibir el visto bueno de los 27 Estados miembros en el Consejo de Agricultura que se celebra hoy y mañana en Luxemburgo. El pleno del Parlamento también deberá dar su aprobado.
"Estamos muy satisfechos con los avances que hemos logrado en los dos últimos días, lo que nos da la confianza de que tenemos las condiciones para llegar a un acuerdo. Sin embargo, las propuestas deben ser aprobadas por los Estados miembros y solo entonces podremos decir realmente si hemos llegado a un acuerdo o no", dijo con tono cauto la ministra de Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, el pasado viernes. No obstante, se mostró confiada con que sus colegas darían el visto bueno al texto.
El acuerdo entrará en vigor en 2023 hasta que concluya este periodo presupuestario plurianual en 2027
"En algunos puntos podríamos haber deseado un resultado diferente, pero en general creo que podemos estar contentos con el acuerdo que hemos logrado", dijo el comisario de agricultura, Janusz Wojciechowski.
El vicepresidente de la Comisión al cargo de la agenda verde, Frans Timmermans, reconoció que tenían ambiciones más elevadas para los objetivos de sostenibilidad, pero al final tuvieron que consensuar una transición que no fuera "demasiado disruptora". Aún así, se felicitó porque el acuerdo "cambiará las reglas del juego" y pondrá a la PAC "en una senda más verde". El acuerdo entrará en vigor en 2023 hasta que concluya este periodo presupuestario plurianual en 2027.
Las nuevas normas establecen que los gobiernos nacionales deben redactar planes estratégicos, que la Comisión aprobará, especificando cómo pretenden implementar los objetivos de la UE sobre el terreno, sobre todo en lo relativo a los objetivos de clima y biodiversidad. La Comisión comprobaría su rendimiento y su cumplimiento de las normas de la UE.
Por primera vez, la PAC incluirá la condicionalidad social, lo que significa que los agricultores tendrán que respetar elementos de la legislación social y laboral europea para recibir las ayudas, por ejemplo respecto a las condiciones laborales. Se introducirá un sistema de penalizaciones. Además también se apoyará la formación de los trabajadores.
Hasta ahora, la antigua PAC repartía el 80% de los pagos al 20% de los agricultores
Uno de los puntos que más celebró el comisario Wojciechowski fue la redistribución de las ayudas directas. Hasta ahora, el 80% de los pagos iban al 20% de los agricultores. Con la nueva PAC, los Estados miembros estarán obligados a redistribuir al menos el 10% en beneficio de las explotaciones agrícolas más pequeñas y deberán describir en los plan estratégicos cómo planean hacerlo.
Uno de los asuntos más espinosos en la negociación entre el Consejo y el Parlamento fue la financiación de los llamados "ecoesquemas", el instrumento destinado a incentivar prácticas agrícolas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente, y que respeten la salud animal.
Los Gobiernos tendrán que dedicar un 25% de las ayudas directas para apoyar estos esquemas, un total de 48.000 millones de los pagos directos. Los ejemplos podrían incluir la restauración de humedales para absorber CO2 o la agricultura orgánica, aunque las reglas no definieron qué se consideraría un esquema ecológico.
Igualmente, los eurodiputados también consiguieron que al menos el 35% de los fondos rurales se dediquen a medidas relacionadas con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Además también se reforzará la condicionalidad "verde". Por ejemplo, en cada finca al menos el 3% de la tierra cultivable se dedicará a la biodiversidad y elementos no productivos, con la posibilidad de recibir un apoyo a través de ecosistemas para alcanzar el 7%.
El objetivo es reducir las emisiones del campo, teniendo en cuenta el punto de partida de cada Estado miembro. Sin embargo, para organizaciones ecologistas y algunos grupos en la Eurocámara el acuerdo se queda corto, y opinan que las medidas no son lo suficientemente robustas para alcanzar las metas de reducción de emisiones de la UE.
El acuerdo llegó tras un informe del Tribunal de Cuentas de la UE publicado esta semana, el cual señaló que la PAC actual no estaba logrando reducir las emisiones. Las emisiones agrícolas de la UE, la mitad de las cuales provienen de la ganadería, no han disminuido desde 2010.
