Aragón

La ganadería, la gran sacrificada en la convergencia de la PAC

Zaragoza

Las organizaciones agrarias estiman pérdidas de hasta 10.000 euros por explotación ganadera con la convergencia de la PAC para los años 2020 y 2021 que ha aprobado el Ministerio. Una situación que dificulta la viabilidad de las granjas en un sector que viene arrastrando años complicados.

El sector ganadero rechaza de plano el Real Decreto 41/2021 que adelanta la convergencia de las ayudas a 2021 y 2022, el periodo transitorio hasta la aplicación de la nueva PAC. El objetivo de la reforma es acabar con las diferencias entre las ayudas que se cobran por hectárea dentro de las 50 regiones productivas en las que está dividida España. En el caso de los ganaderos, está diferencia deriva de la reforma de 2013, en la que se adscribieron los pagos por cabezas de ganado a la superficie agrícola que tenían, generalmente muy poca, por lo que el valor de los derechos se disparó.

De esta manera, la reforma afecta de forma especial al sector ganadero de vacuno, ovino y caprino tanto de leche como de carne. A falta de cifras oficiales, las afecciones se cifran entre 1.000 y 2.000 euros de media por explotación ganadera, cifra que en algunos casos se eleva hasta los 10.000 euros, según los datos que calculan las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA. En el vacuno de carne, Asoprovac estima unas pérdidas de más de 50 millones.

Comunidades como Andalucía y Aragón ya han salido a la calle para mostrar el rechazo a esta convergencia. Y, aunque ahora las movilizaciones se están llevando a cabo en las autonomías, no se descarta que se produzcan a nivel nacional, aunque las organizaciones agrarias abogan por agotar la vía del diálogo.

Desde COAG ya plantearon al ministerio su oposición a que la equiparación se hiciera en un período transitorio "porque no tienes instrumentos para poder compensar las pérdidas de rentas que puede generar la convergencia, en la que más allá de los que se benefician, hay una pérdida real de ingresos", afirma Andoni García, miembro de la ejecutiva de COAG, quien niega que sea una convergencia que persiga mejorar a quienes menos renta tienen, sino que "quien más hectáreas tenga, más se va a beneficiar".

"El problema es que la ganadería no goza de derechos de tierra como la agricultura, sino que tenía derechos que se pagaban o por litro de leche o por cabeza de ganado", asevera Román Santalla, secretario de ganadería de UPA. La ganadería es así la gran afectada porque gran parte de las explotaciones no tienen una base territorial fuerte, así como las explotaciones familiares, que no suelen ser las que más hectáreas tienen.

"El decreto del Ministerio de Agricultura va en detrimento de todas las explotaciones que se encuentran trabajando desde hace diez o 15 años", explica Pablo Rincón, técnico de ASAJA, quien incide en que este marco afecta sobre todo a "las explotaciones mixtas, las que tienen agricultura y ganadería, porque las ayudas que percibían por la PAC se ven muy minoradas. Nos parece muy injusto que se aplique la convergencia de la misma manera a gente que sigue la actividad y a la que no. Nos parece adecuado que se aplique a gente que ya no tiene ganado, pero reivindicamos que se mantengan los pagos como hasta ahora a quienes tienen el ganado o bien esta convergencia se supla con unos pagos asociados fuertes por cabeza de ganado, ya sea de vacuno de leche o carne, ovino o caprino".

Ningún sector ganadero se libra del mazazo. En el vacuno de leche, las pérdidas pueden llegar a 2.000 euros por explotación cada año. Una cifra que es importante porque "las rentas en el sector lechero están muy disminuidas. En cuatro años, han desaparecido 3.700 explotaciones de vacuno de leche. La pérdida es constante. No se está para perder ni un solo euro porque se están incrementando los costes de producción por el tema de la alimentación y no se acompaña de un aumento del precio de la leche", apostillan desde COAG.

En el caso del ovino también se detectan problemas porque "pasó de tener derechos especiales en zonas como, por ejemplo, Castilla y León, a llevarse esos derechos por hectáreas. Eso significa que esos derechos son altos y que cualquier convergencia va a reducir los ingresos de esas explotaciones". Por su parte, en el caprino, es más habitual utilizar la tierra en forma de cultivo, mientras que en el vacuno de carne las consecuencias también pasan por "la desaparición primero de ganaderos pequeños y medianos del país y, posteriormente, por el crecimiento de la intensificación e integración de los restantes, en total incoherencia con lo que la actual sociedad está demandando y lo que supuestamente este Gobierno y la Comisión están promulgando", apuntan desde Asoprovac.

El Real Decreto en los tribunales

La reducción de las ayudas no es el único problema del nuevo decreto. Asoprovac ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 41/2021 ante el Tribunal Supremo y ha pedido la suspensión cautelar del apartado que modifica el artículo 11 del Real Decreto 1075/2014 antes de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes PAC, ya que de lo contrario "se estará creando a los ganaderos de vacuno de carne unos enormes perjuicios que serán de difícil o imposible reparación", explican desde la asociación de productores de carne de vacuno.

El artículo 11 del Real Decreto 1075/2014 elimina la posibilidad de realizar labores de mantenimiento en pastos permanentes para acreditar la actividad agraria y obliga a realizar necesariamente la actividad de pastoreo en superficie de pastos permanentes de titularidad pública -no así sobre los pastos de titularidad privada- con animales de la propia explotación. Con los nuevos requisitos, se elimina la posibilidad de que muchos ganaderos de vacuno puedan ser beneficiarios de las ayudas directas y que las pierdan para siempre.

En Asoprovac calculan que la convergencia del valor de los derechos, en algunos casos, suponen pérdidas de hasta un 50% en solo dos años, de acuerdo al propio simulador del FEGA. Unos motivos por los que afirman que "no se está respetando la supuesta linealidad en la convergencia que proclama este Real Decreto, que es de ruptura y supondrá la ruina de un gran número de ganaderos".

Las opas también consideran importante el impacto del Real Decreto. "Hay explotaciones en plena actividad que van a sufrir una minoración del 20%. Los precios que se pagan por los productos agrarios, ya sea carne o leche, son muy bajos y no se cubren los costes de producción. Para hacer las explotaciones ganaderas viables hay que tener una PAC fuerte y, si la minoras, hay muchas explotaciones que cerrarán", explica el técnico de Asaja.

"El Ministerio ha metido mano a los productores más pequeños, con menos tierra, con actividad en zonas de montaña y más desfavorecidas, con producciones como vacas, ovejas y cabras, que los jóvenes no quieren. De estos son de los que se ha acordado, pero no para ayudarles, sino para meterles mano en el bolsillo. Hay gente que va a perder un 30% este año y un 30% el año que viene. Y no se puede perder nada porque la ganadería está amenazada de muerte", señala el responsable de UPA. Y dentro de estos problemas está el éxodo en el campo por los problemas con el lobo, los costes de producción, los bajos precios, las exigencias medioambientales, los problemas por el cierre del canal horeca, etc., "Lo que están provocando -añade Román Santalla- es que esto sea otro granito de arena para seguir echando a la gente del campo".

Ante esta situación, desde las organizaciones agrarias piden soluciones. "En manos del Ministerio está la solución a los sectores que se ven más penalizados por la nueva normativa con pagos asociados contundentes que palien el grave perjuicio que les va a generar la convergencia", incide Pablo Rincón, de Asaja.

Rectificar el próximo año

Sin embargo, la solución no parece fácil. Desde las organizaciones agrarias se incide en agotar la vía del diálogo. Pese a ello, "va a ser complicado volverlo atrás este año -apuntan desde UPA-, pero para el año que viene el Ministerio tiene la posibilidad de pararlo y acabar con la agresión a la ganadería. Es de sentido común porque la ganadería extensiva y semiextensiva está en zonas muy desfavorecidas de España y está haciendo un gran trabajo medioambiental, de sostenibilidad, de mantener los pueblos y de generar empleo porque tienes que estar ahí con los animales. Eso es lo que tiene que mirar el ministerio: a las mujeres, jóvenes, hombres que están en los pueblos. Tiene que plantearse una PAC para ellos. Si tuviéramos unos precios razonables, nos dábamos con un canto en los dientes, pero son de hace 40 años".

La incertidumbre se extiende a partir de 2023

En la ganadería no solo preocupan estos dos años de transición, sino la convergencia que continuará a partir de 2023 y los ecoesquemas del nuevo modelo. "Es evidente que el modelo de producción y de consumo de carne en el mundo precisa de un cambio de orientación en los próximos años, tal y como plantea la futura PAC. Sin embargo, castigar a un sector entero mediante su exclusión del sistema de apoyo al medio agrario y rural o destinarle exclusivamente una ayuda acoplada, es condenarlo a su desaparición", aseguran desde Asoprovac.

Desde Asaja también ven con inquietud los años venideros. "Tiene mala pinta porque se va a seguir aplicando la convergencia y no va ir acompañada de pagos asociados potentes", añade el técnico de esta organización, que insiste en que "lo que puede pasar es que mucha gente, por rentabilidad del negocio, no aguante y tenga que cerrar el negocio".

Y preocupación hay igualmente en COAG. "A partir de 2023 tendremos una convergencia que, como mínimo, va a ser del 75% y las 50 regiones que tenemos ahora se tienen que reducir, Cuantas menos haya, el grado de convergencia va a ser más fuerte".

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