Valencia
Los compromisos de la Generalitat Valenciana para reducir el tamaño de su conglomerado de empresas y entes públicos han caído en saco roto, pese a que año tras año la Administración valenciana los recoge en su plan de ajuste para acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Una herramienta heredada de la anterior crisis económica que nueve años después sigue siendo una fuente de ingresos básica para la Comunidad Valenciana.
Desde que Ximo Puig accedió a la presidencia del Gobierno valenciano con Compromís y Podemos como socios de coalición, el número de organismos del sector público valenciano no sólo no han menguado, sino que han crecido. Frente a los 124 entidades que existían en 2016, ahora dependen de la Generalitat 129 empresas, entes, consorcios, fundaciones y organismos aútónomos. Es decir, cinco más que cuando llegó a la presidencia, según la propia información remitida al Ministerio de Hacienda.
En los planes de ajuste presentados por el Gobierno autonómico para recibir la inyección de liquidez del FLA se había marcado como objetivo reducir significativamente ese número. El primero que presentó el Consell ya tras el desembarco del Botànic en 2016 contemplaba reducir hasta 110 empresas y entes el número existente en el año 2020. Un objetivo claramente incumplido y que ha motivado modificaciones constantes en el capítulo de racionalización del sector público autonómico en los planes de ajuste a Hacienda que, por otro lado siempre ha sido validado por el propio Ministerio, según subrayan desde la Generalitaf.
Desde que que gobierna el Botànic estos organismos han proliferado. Desde 2016 se han constituido en total 17 nuevas empresas, agencias y fundaciones dependientes de la Generalitat. Desde el Gobierno valenciana aseguran que "todas las entidades que se han creado han nacido por el compromiso del Consell en atender de la mejor forma posible cuestiones como la innovación o la investigación, al tiempo que se han mantenido aquellas entidades que consideramos ofrecen actividades esenciales en la prestación de servicios". También apuntan que actualmente están en proceso de extinción otras cinco entidades del sector público instrumental, en concreto cinco fundaciones.
Lo cierto es que si se atiende a los propios presupuestos autonómicos del Gobierno de coalición, el peso en el gasto de estas empresas y organismos públicos ha seguido engordando. Así, en los presupuestos para este añola Generalitat contempla que estos entes gestionen 3.152 millones de euros, un 49% más que en 2016. En este caso desde el Consell alegan que el incremento acumulado es fruto del aumento general del gasto y que comparativamente en porcentaje del total del presupuesto ahora representa la mitad que en 2011 con el PP.
Con todo, el ritmo de creación ha sido hasta ahora mucho más ágil que el de extinción y liquidación, que había iniciado en la etapa final del PP, por otro lado el promotor de la mayoría de sociedades públicas valencianas hoy existentes. Muchas de ellas, como Ciegsa que a día d ehoy sigue existiendo, fueron foco de las críticas de los grupos que ahora gobiernan.
En estos años se ha dado la paradoja de que la Generalitat ha llegado a liquidar sociedades para crear otras nuevas con funciones muy similares, cuando no las mismas. El caso más evidente es el de las empresas de radiotelevisión pública, que tras el cierre de Canal 9 por parte del Gobierno de Alberto Fabra se liquidaron tras un largo proceso. El Botànic volvió a crear un entramado similar al constituir Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, además de un Consell Audiovisual.
La reapertura de la radiotelevisión valenciana fue uno de los caballos de batalla electorales de los partidos de izquierda y por ello también se convirtió en una prioridad. Pero lo mismo ha ocurrido con organismos menos mediáticos y con mucha menor carga política, como con la decisión de reinstauriar un Instituto Valenciano de Estadística (IVE), que había sido uno de los sacrificados en el tijeretazo del Gobierno de Alberto Fabra en 2012.
El pulso en Sanidad
Entre las víctimas de aquella reestructuración estuvo la Agencia Valenciana de Salud cuyas funciones pasaron a ser asumidas directamente por la Conselleria de Sanidad. Un modelo que con la pandemia el propio Puig ha planteado volver a recuperar, con la creación de un Servicio Valenciano de Salud para reformar la estructura de este servicio. En esa línea la Conselleria de Sanidad también elaboró a comienzos de año un anteproyecto de decreto ley para crear una nueva empresa pública sanitaria, con la que intentar evitar el fuerte incremento de costes directos que supone la reversión de las concesiones sanitarias. Una iniciativa que sus socios de Compromís y Podemos han logrado tumbar tras un largo pulso.
