Madrid
Las comunidades autónomas deberán afrontar la devolución de unos 3.000 millones de euros en 2022 por la liquidación negativa de los recursos recibidos por la Administración central, según estima la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Durante su intervención en el seminario La economía de la pandemia, organizado por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Herrero apuntó que los cálculos de la autoridad pasan por una liquidación negativa del entorno de unas tres décimas de PIB, aproximadamente.
En total, las comunidades enfrentan un agujero en sus cuentas de casi dos puntos de PIB, un 1,7% aproximadamente, según estos cálculos, fruto de la retirada de los recursos facilitados por la Administración central para afrontar la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19 y esta liquidación negativa. Herrero asegura que, al estallar la pandemia, la Administración central y la Seguridad Social han ejercido un "papel de financiador" del resto de administraciones, especialmente las autonómicas, competentes en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.
La presidenta de la AIReF recuerda también que el Gobierno ha contemplado esta situación en la última actualización de su programa de Estabilidad, señalando que "se dará una solución para evitar la caída de recursos a las comunidades autónomas" pero, sin embargo, "no se especifica con datos", zanjando que esta alusión se produce "con la vaguedad que caracteriza" a este documento.
Ausencia de metas fiscales
En este sentido, Herrero, lamentó este martes la falta de una hoja de ruta de planificación fiscal, con objetivos y un calendario sobre los mismos, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, y advierte que las reformas e inversiones contempladas en este plan deberían encajar con una planificación fiscal y que así se conozca su impacto en las cuentas públicas.
"Ambos planes deberían haber ido de la mano y eso no se ha producido", afirmó Herrero, destacando que "la única referencia" contemplada en el plan es que este tendrá un impacto de dos puntos en el PIB y un 0,4% sobre el crecimiento potencial, y una creación de puestos de trabajo estimada en 800.000 empleos. Frente a ello, destaca que esta necesidad "sí lo han entendido algunos países" europeos, con el fin de acompañar la plurianualidad del plan fiscal con el acompasamiento de las reformas previstas a partir de 2024.
La presidenta de la AIReF señala como "fundamental que haya una hoja de ruta" y fijar así "los grandes hitos para dotar de confianza y seguridad a los grandes agentes económicos" y así "saber cuál es el marco en que se va a fijar su actividad en medio y largo plazo", con el coste de las medidas y objetivos concretos para la mejora de la calidad de un marco de gobernanza, ante un marco institucional, aseguró, "claramente mejorable".
"No hay referencia más concreta de efectos en el Plan de Recuperación", subrayaba la presidenta del organismo auditor. En este sentido, señalaba que la actualización del programa de Estabilidad contempla unas previsiones "de forma poco precisa" en términos de memoria económica.
Alza de los intereses de deuda
Por mucho que aún no se sepa si a partir de 2023 volverán las reglas fiscales, ya estaba pendiente una revisión de las mismas y este proceso "parece que seguirá adelante", señala la AIReF, lo que supondría un incremento progresivo de los tipos de interés. Un repunte de los tipos en 100 puntos básicos provocaría un gasto acumulado y adicional en intereses de unos 15.000 millones de euros en tres años, hasta 2024. Superior, por ejemplo, a lo presupuestado en ese período para el nuevo ingreso mínimo vital (IMV) -3.000 millones cada año-.
