Economía

El Gobierno vasco afirma que la propuesta para traspasar el IMV recorta sus funciones

  • Asegura que el Ejecutivo central "retiene la gestión del régimen económico de la Seguridad Social"
Josu Erkoreka, Miquel Iceta y Olatz Garamendi. IREKIA
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El Gobierno vasco ha rechazado de pleno la propuesta enviada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para realizar la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, y su integración en la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) vasca, porque "recorta sus funciones".

Tras varios meses de negociaciones entre Gobierno central y vasco, este traspaso -que tenía que haberse materializado a finales de octubre del pasado 2020- se plantea como un "recorte de las funciones a asumir y no traspasa los medios humanos, materiales y económicos necesarios" para materializar la competencia. Por ello, es "mercancía averiada", de "dudosa legalidad y lesivo para los intereses de Euskadi", explican desde el Ejecutivo autonómico.

El departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, que dirige Olatz Garamendi, denunció ayer "el daño que el Gobierno español genera" porque, si bien reconoce a Euskadi la asunción de las funciones del IMV, "el Estado se reserva algunas de esas funciones y no ofrece los medios económicos, materiales y de personal para desarrollar una cesión integral".

De este modo, según se explicó en un comunicado, el Ejecutivo Sánchez "retiene la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en contra de lo que dispone el Estatuto de Gernika, en su artículo 18.2".

Traspaso clave e integral

Durante los meses de negociación, -apuntó el departamento de Autogobierno vasco- "ha quedado claro que este traspaso es clave y que solo se aceptará una propuesta integral. En ningún caso se aprobará la transferencia en estas condiciones, ya que es una interpretación incoherente respecto al concepto de transferencia y disconforme respecto del sistema del Concierto Económico".

El pasado mes de marzo, el ministro Miquel Iceta se reunió en su Ministerio de Política Territorial con la consejera Olatz Garamendi y se comprometió a que el traspaso sería completo, sin recortar funciones ni servicios, es decir, "que Euskadi asumiría todo el proceso de principio a fin, y tramitaría, autorizaría y concedería la prestación".

Desde el Gobierno vasco señalaron que se seguirá trabajando en la senda de la negociación y el acuerdo, "siempre desde el autogobierno reconocido en el Estatuto de Gernika". "El Gobierno vasco reitera su voluntad de seguir dialogando y negociando con el Gobierno español para materializar, esta legislatura, el traspaso de todas las materias pendientes, incluido el IMV", se destacó en un comunicado.

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