La historia se repite. La ampliación del actual sistema de expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), que se puso en marcha con la pandemia para evitar la destrucción masiva de empleo y que vence a finales de este mes, amenaza con volver a prolongar la incertidumbre hasta el último momento. La reunión celebrada ayer entre el Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos terminó sin acuerdo y sin grandes avances.
El principal escollo para ampliar el mantenimiento de esta medida se encuentra en la intención del Ejecutivo de reducir las exoneraciones a la Seguridad Social que actualmente están vigentes para los trabajadores que se encuentren en Erte. Actualmente, las exoneraciones para los sectores ultraprotegidos y empresas de su cadena de valor son del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.
La propuesta para rebajar esos porcentajes ha partido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, con el apoyo de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Una modificación con la que las empresas tendrán que aumentar el importe que abonan a la Seguridad Social por esos trabajadores pese a la falta de actividad. En su lugar, Escrivá plantea que se apliquen mayores descuentos en las cuotas a aquellos trabajadores procedentes de Ertes que se reincorporen a la actividad, para de esa forma incentivar su salida de los expedientes temporales.
Reducir los sectores protegidos
Un planteamiento ante el que CEOE volvió a mostrar ayer su rechazo, así como a otros de los nuevos cambios incluidos en el documento presentado por el Gobierno. Según fuentes empresariales, también se pretende reducir el número de sectores incluidos como protegidos con la exclusión de algunos de los recogidos en la lista ahora en vigor. Ente los eliminados ahora se encontraría el transporte por carretera, algo a lo que también se opone la patronal.
Tanto los sindicatos como CEOE defienden que se debería ampliar el decreto actual con exactamente las mismas condiciones que ya se pactaron hasta finales de septiembre. Una postura que también ha compartido públicamente la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Su departamento ayer insistió en que la parte del acuerdo que afecta a sus competencias ya está cerrada.
Tras la reunión, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se comprometieron a enviar un nuevo texto este fin de semana a los agentes sociales y el lunes está previsto seguir con las negociaciones.
