
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció este martes "una segunda bajada masiva" de impuestos, en palabras del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que tendrá como beneficiarios a más de 4 millones de andaluces y supondrá para éstos un ahorro de 329 millones de euros. Se trata de una rebaja de tipos en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que repercute en la compraventa de viviendas.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que han ofrecido el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el propio Bendodo, ambos explicaron que la bajada se ejecutará por medio de una Proposición de Ley que elaborarán los grupos parlamentarios, mientras que el Consejo de Gobierno ha adelantado, a través de un decreto-ley, la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que repercuta en la compraventa de viviendas.
En este tributo, según ha explicado Marín, se pasa a un tipo único del 7% cuando hasta ahora era del 8, 9 y 10%. Según ha detallado Bendodo, esta rebaja concreta dejará en "el bolsillo de los andaluces 223 millones" y, según ha precisado Marín, entrará en vigor en cuanto el decreto ley sea publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el miércoles o el jueves.
Bendodo afirmó que se bajan todos los impuestos de competencia autonómica y que en los dos años del gobierno de coalición de PP y Cs Andalucía ha pasado de un "infierno" fiscal a ser una "autopista" para la inversión.
Cómo impedir la armonización fiscal de Moncloa
El consejero de la Presidencia avisó este martes al Gobierno de que cada vez que tenga la tentación de subir los impuestos a los españoles, la Junta de Andalucía los rebajará para compensar esas subidas.
Marín ha señalado que la rebaja de impuestos es una buena noticia para la comunidad autónoma en unos momentos como estos en los que hay que reactivar la economía. Ha indicado que este compromiso forma parte del acuerdo de gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) y ha agradecido a Vox el apoyo que está dando a estas medidas.
Exceptuando la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el resto de la bajada de impuestos se tramitará a través de una proposición de ley en el Parlamento (que se ha suscrito por un lado por PP-A y Cs y, por otro lado, por PP-A y Vox) y que, según Juan Marín, puede tener una tramitación de unos siete meses.
Marín recalca que es imposible hablar con el PSOE y Adelante-Andalucía
Preguntado sobre si esta rebaja fiscal irá incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, el vicepresidente ha explicado que sí irá incluida y que, sin duda, supondrá un "punto de partida importante" de cara a la negociación con Vox de las cuentas del próximo ejercicio porque "en materia fiscal estaríamos de acuerdo". De momento, según ha recalcado, no se ha hablado nada de las cuentas de 2022 y ha confiado en que Vox se mantengan en su actual actitud de apoyo a decisiones tan importantes del Gobierno andaluz.
Respecto a PSOE-A y Adelante Andalucía, indicó que es "imposible" hablar con esas formaciones, que sólo quieren hablar de "elecciones". Respecto al hecho de que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya manifestado que el Gobierno andaluz reconocería con esa rebaja fiscal que le ha "sobrado dinero" procedente del Ejecutivo nacional y que, por ello, tuvo superávit, Marín lamentó el "desconocimiento tan absoluto de la política fiscal y económica de esta comunidad" que tiene la dirigente socialista, que está más bien "en elecciones internas" en su partido.
Recordó Marín que Susana Díaz, cuando fue presidenta de la Junta, bajó los impuestos en 2017 porque Cs se lo exigió y acabó con "déficit" en ese ejercicio y en 2018, lo que fue fruto de una "mala gestión" de su Ejecutivo. Sin embargo, según ha indicado, con el actual Gobierno andaluz de PP-A y Cs se bajan impuestos y el año 2019 se cerró con superávit en las cuentas, sin que esta comunidad recibiera lo que le correspondía por parte del Ejecutivo central. "Esto es una cuestión de eficacia en la gestión", según apuntó.