Valencia
El proyecto estrella del puerto de Valencia para situarse a la altura de los tres mayores recintos europeos por tráfico de contenedores no deja indiferente a casi nadie en la ciudad del Turia.
El plan para crear una nueva terminal, que se empezó a diseñar hace casi dos décadas, amenaza con abrir una gran brecha en el casco del actual Gobierno autonómico de coalición que preside el socialista Ximo Puig con sus socios de Compromís y Podemos.
El propio presidente valenciano fue quien anunció en septiembre de 2018 la licitación para poner en marcha la búsqueda de un concesionario, un concurso al que se presentó una única oferta, la de la naviera italosuiza MSC. Un viejo conocido en Valencia, ya que es el principal cliente del puerto y en esta ciudad tiene su sede en España. El gigante marítimo está dispuesto a invertir 1.011 millones de euros en esta infraestructura, a la que se añadirían otros 350 millones de inversión en obras auxiliares de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Las diferencias entre los tres partidos de izquierdas sobre el puerto de Valencia, el primero de España por contenedores y el quinto de Europa, se basan fundamentalmente en el impacto medioambiental del recinto. Una bandera que si bien fue Podemos quien la defendió en las últimas elecciones municipales, fue recogida hace dos años por el propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, al reclamar una nueva declaración de impacto ambiental después de que el Ayuntamiento, como vocal de la Autoridad Portuaria, no hubiera puesto pegas a la licitación de la terminal.
Oposición en el Gobierno
Precisamente hace una semana Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, comunicaba el informe con el que se esperaba despejar definitivamente si era necesario o no realizar una nueva declaración. El organismo estatal avaló al puerto de Valencia, que considera que la futura terminal forma parte del proyecto de ampliación norte, cuya declaración ambiental se aprobó en 2007. De hecho, el dique de abrigo tras el que está previsto crear el nuevo muelle se finalizó en 2012 tras destinar 200 millones de euros.
Sin embargo, el informe jurídico sólo ha servido para elevar el tono de las críticas de los compañeros del Botànic de Puig y dejar claro que más que una diferencia legal o administrativa, lo que se rechaza de plano es el desarrollo del mayor puerto de España.
La propia vicepresidenta, Mónica Oltra, llegó a asegurar hace unos días que "está en juego que desaparezcan las playas del sur o La Albufera" o que "los niveles de contaminación en Valencia generen muertes". La líder de Compromís incluso abogó por "deconstruir el dique" y acusó al proyecto de "favorecer el casino especulativo de cuatro poderosos que no tienen nada que ver con nuestras empresas". Aunque como portavoz del Consell ha intentado separar la posición del partido de la del Gobierno, Oltra también recordó a los socialistas que el primer eje del actual pacto de Gobierno es la "lucha contra la emergencia climática".
Su rechazo al proyecto, e incluso al propio puerto, fue secundado públicamente por otros consejeros de su partido, como el propio responsable de Economía, Rafa Climent, que llegó a asegurar que la futura terminal "no hace falta de ninguna de las maneras" y que se deberían "buscar otras alternativas".
Una visión que choca con los argumentos de la propia Autoridad Portuaria, que considera que en un contexto internacional de concentración de tráficos y escalas del comercio marítimo mundial renunciar a crecer supondría perder conectividad y carga. Un peso económico fundamental que también ha hecho que la patronal autonómica CEV haya salido a defender la importancia del puerto para las empresas y su papel para garantizar la competitividad, además de recordar que el trasnsporte marítimo es el menos contaminante.
El propio líder socialista Ximo Puig es consciente del peso económico del recinto que, a la hora de la verdad, es uno de los pocos elementos que coloca a Valencia en el mapa mundial y que en su día fue fundamental en la llegada de inversiones como la factoría de Ford a Almussafes. Después de anunciar la terminal como uno de los ejemplos de la atracción de inversores a la Comunidad Valenciana, con la creación de 7.000 empleos una vez en marcha y de 15.000 durante las obras, el presidente valenciano no parece dispuesto a sacrificarlo.
El propio Puig intentó tender puentes y negoció con el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, otro socialista histórico que fue consejero de Economía con Joan Lerma y presidente del ICO con Zapatero en La Moncloa, retoques técnicos para intentar contentar a sus socios y defender la sostenibilidad del proyecto. Una modificación estéril.
Más allá de la escalada verbal, que se ha convertido en una tónica habitual en la segunda legislatura del Botánic, la amenaza más preocupante de Compromís y Podemos es su intención de llevar la batalla al terreno legal. Ambas han anunciado que se sumarán a la iniciativa de varios colectivos vecinales y ecologistas para tratar de bloquear el proyecto en los tribunales. Una judicialización que puede aportar incertidumbre a una tramitación que ya acumula meses de retraso.
