La Junta de Andalucía, y en su nombre el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha enviado este martes 13 de abril una carta a la ministra del ramo, María Jesús Montero, donde recuerda que justo hoy cumple el plazo de un mes de periodo límite para tramitar las ayudas directas por parte de las CCAA. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla señala también la falta de información por parte del Ejecutivo progresista, la nula participación de las administraciones regionales y ciudades autónomas, y advierte que de seguir así, esta situación puede poner en riesgo la eficacia de estas ayudas calificadas de urgentes. Así será el reparto de las ayudas.
Recuerda Bravo en su carta dirigida a Montero el 12 de abril de 2020, que fue el pasado 24 de febrero de 2021, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados un "paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos", paquete de ayudas que fue aprobado en Consejo de Ministros extraordinario el 12 de marzo, y que está compuesto por una línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros para facilitar el pago de gastos fijos y deudas a los sectores más perjudicados por la pandemia; otros 3.000 millones para reestructurar la deuda financiera que cuente con aval del Estado, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas.
El plazo del mes, vencido
Posteriormente, en el BOE del sábado 13 de marzo de 2021 se publica el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, entrando en vigor ese mismo día y empezando a correr los plazos regulados en su artículo 4 para la firma de convenios entre Ministerios y Comunidades y Ciudades Autónomas.
Recalca el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía que, a pesar de que el RDL 5/2021 impone en su artículo 3 apartado 4º que "las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla realizarán las correspondientes convocatorias para la asignación de las ayudas directas a los destinatarios sitos en sus territorios, asumirán la tramitación y gestión de las solicitudes, así como su resolución, el abono de la subvención, los controles previos y posteriores al pago y cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada utilización de estos recursos", en ninguna de las fases del proceso de diseño, elaboración y aprobación de dicho Real Decreto-ley se le ha dado participación a las Comunidades y Ciudades Autónomas, en las que recae por decisión unilateral del Consejo de Ministros la responsabilidad para que las ayudas se gestionen de manera eficaz.
En este sentido, Bravo subraya la preocupación por la falta de información y la incertidumbre "a la que estamos sometidas las Comunidades y Ciudades Autónomas, después de que, a fecha de hoy, 30 días después de la publicación del RDL 5/2021, el periodo límite que la propia norma establece (artículo 4.4) para la firma de los convenios, las Comunidades y Ciudades Autónomas desconocemos la Orden Ministerial que debe fijar las cuestiones técnicas", añade.
Solo un borrador
Lamenta Bravo que tampoco se ha facilitado "un borrador de convenio, ya que la única información proporcionada el pasado jueves 8 de abril se ha limitado a un documento sobre el contenido de convenio en el que se establecen cuatro puntos: el primero, relativo al suministro de información por parte de la AEAT a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla; el segundo, relativo a la remisión de la información por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla al Ministerio de Hacienda; el tercero, relativo al deber de publicitar el carácter estatal de los fondos; y el cuarto, que incluye otras cláusulas adicionales que deberán incluirse en los convenios", apunta.
Con estos mimbres, colige la Junta de Andalucía, considera que "tanto la norma como el proceso de implementación de la misma se están diseñando de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla, con graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las Comunidades Autónomas como para los beneficiarios de las ayudas".
Una convocatoria urgente
Por esta razón, el consejero de Hacienda apela a un diálogo multilateral, y reclama al mismo tiempo la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano de coordinación, cooperación y colaboración, o en su caso de la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación
