El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de Covid-19 para lo que plantea que en los países avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones.
"Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la Covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza", señala el Fondo en la última edición de su informe 'Monitor Fiscal'.
En este sentido, la institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El FMI recuerda que este tipo de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente durante circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013).
Asimismo, el Fondo considera que un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.
En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, ha subrayado la necesidad de obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección, añadiendo que los países deberán abordar este problema de diferentes formas.
