La principal reivindicación del Gobierno valenciano de Ximo Puig, la reforma del modelo de financiación autonómica, sigue bloqueada.
Así lo reconoció ayer el propio Puig tras reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El líder socialista valenciano volvió a recibir buenas palabras de Montero, que aseguró que su intención es "agilizarlo en los próximos meses" pero sin un compromiso con fechas concretas.
"En estos momentos la urgencia es la pandemia y la recuperación económica, pero no podemos dejar de lado algo que es estructural y fundamental", señaló Puig tras el encuentro en Madrid. "No se puede seguir bloqueando la reforma del sistema", reclamó.
Pese a la sintonía que el Gobierno valenciano de socialistas, Compromís y Podemos transmite con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la reforma del sistema de financiación autonómico se está convirtiendo en una eterna asignatura pendiente.
Plazo incumplido con Compromís
El principal socio de Puig, Compromís, ya condicionó su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez a que se fijase un calendario para iniciar las negociaciones. Unas fechas que se han incumplido de forma sistemática.
El plazo inicial venció el pasado mes de noviembre, pero la emergencia por la crisis sanitaria y económica volvió a relegar la presentación de una propuesta del Gobierno para el nuevo modelo de financiación. La propia Montero retrasó el inicio del proceso para este mes de febrero, pero entonces fueron las elecciones catalanas las que se sumaron a la pandemia como nuevo argumento para no arrancar esa reforma.
Con el terremoto político provocado por la ruptura de Ciudadanos con el PP en Murcia y las elecciones en Madrid, ahora mismo tampoco parece el momento idóneo para iniciar unas negociaciones para un acuerdo que el propio Puig reconoció como muy difícil.
Ajustar las ayudas del plan estatal
Otro de los puntos fundamentales de la reunión fue el papel que tendrá el Gobierno valenciano en la gestión del plan de ayudas a empresas aprobado por Moncloa. Según Puig, la ministra le transmitió que las autonomías tendrán cierta capacidad normativa para adecuar las ayudas dependiendo de la necesidad de sus sectores productivos.
