La puesta en marcha por parte del Ejecutivo de Baleares del plan de expropiación de 56 viviendas desocupadas de grandes tenedores inscritas en el registro oficial podría tener un impacto directo, a la baja, en los precios del alquiler en la región.
La controvertida medida anunciada esta semana modulará previsiblemente el comportamiento en el mercado inmobiliario porque los grandes propietarios encontrarán en el alquiler una vía de escape a la cesión, sobre todo si el precio es más ajustado. Es decir, se plantearán cobrar una mensualidad por debajo del precio del mercado a cambio de evitar que la propiedad siga desocupada para no cederla como vivienda social durante siete años, según establece la resolución firmada el martes por el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.
Según Arantxa Goenaga, socia del bufete jurídico Círculo Legal Barcelona, "los propietarios podrían llegar a alquilar a un precio más bajo para poder controlar esa vivienda y no dejar que entre en el registro oficial".
La cesión entra en el marco constitucional y puede ser aplicada a nivel autonómico
La cesión de la vivienda desocupada durante siete años está prevista por la Ley que entró en vigor en 2018, por lo que entra en el marco constitucional y puede ser aplicada a nivel autonómico. Según la legislación, explican desde el bufete, si el gobierno balear carece de un parque de viviendas suficientes para el alquiler social, puede acceder al registro de viviendas que están desocupadas en un plazo de más de dos años.
Serán viviendas aptas para entrar en el registro oficial, detalla Goenaga, las viviendas desocupadas durante más de dos años cuyos tenedores posean más de 10 inmuebles o se dediquen a la promoción inmobiliaria o financiación de viviendas, como en el caso de los bancos.
En cambio, no se considerará vivienda desocupada aquellas que estén inmersas en conflictos en herencias, ocupadas ilegalmente o si el propietario se encuentra desplazado por motivos de salud, por ejemplo.
Los propietarios obtendrán una compensación similar al precio del alquiler social
Por otro lado, el acceso a un piso desocupado debe ser respaldado por una acreditación de que existe una necesidad real de esa vivienda. En este sentido, Goenaga incide en que "no es como un piso de protección oficial, sino que es para personas con especial vulnerabilidad: mínimos ingresos, violencia de género, procedimientos de desahucios, jubilados que no pueden acceder a la vivienda en un régimen normal, entre otros".
La ley garantiza también los suministros de agua, luz, gas y telefonía, que se abonarán con los fondos de la bolsa económica preparada ad hoc por el gobierno balear. El propietario de la vivienda "solo tendrá el deber de conservación de la vivienda", añade.
La nueva decisión del Govern balear pone en foco otro debate en el ámbito de los derechos constitucionales: el de libre propiedad y el de vivienda digna. Aunque los propietarios obtendrán una compensación similar al precio del alquiler social por las viviendas cedidas, esta Ley limita su libertad en el uso de dichos inmuebles. Chocan así el derecho a la libre propiedad y el derecho a una vivienda digna.
