Madrid
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, se reunirán hoy con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.
En dicha reunión, se hará entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE y avalado por la Junta Directiva de la Confederación.
"Debate en profundidad"
CEOE y Foment reclaman un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para empresas españolas y familias. Pretenden lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos.
En el actual entorno de tipos de interés 0 o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la pandemia, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio -tributo inexistente en otro país de la UE- del 3,5% es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional. "Así se entiende cuando un impuesto somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto", critican.
