Tras meses de espera por parte de los hosteleros y comerciantes, y con varias semanas de retraso por las disensiones internas en el seno del Ejecutivo, todo apunta a que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará finalmente este martes un plan de choque para apoyar a ambos sectores económicos, de los más golpeados por la pandemia junto al turístico. La reducción a la mitad del pago del alquiler del local se erigirá como la medida del plan que más oxígeno puede proporcionar a los empresarios de dichos sectores.
Sin embargo, la iniciativa no se aplicará de forma automática, sino que es necesario que el inmueble sea propiedad de un gran propietario, y que además no haya un pacto entre arrendador y arrendatario para la reducción -como consecuencia de la crisis del coronavirus- de la cantidad abonada, o, en su defecto, una moratoria en dicho pago.
De cumplirse estas circunstancias -es decir, que el propietario no sea un gran tenedor y que el inquilino no se haya visto beneficiado en una rebaja o demora pactada del pago mensual durante la pandemia-, el inquilino podrá pedir antes del próximo 31 de enero una quita del 50% que comprenda el actual estado de alarma, sus prórrogas y hasta cuatro meses posteriores a estas, según ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a El País.
Por otra parte, también se da la posibilidad de que el inquilino solicite una moratoria de la totalidad del pago mensual, aunque deberá acordar con el propietario una devolución prorrateada una vez pase el periodo establecido, cuatro meses después de cuando finalice la aplicación del estado de alarma y sus prórrogas.
Mediante esta medida, el Ejecutivo obligará de facto a los grandes tenedores de inmuebles alquilados para comercio y hostelería a acordar una rebaja del alquiler con sus inquilinos ya que, de lo contrario, se arriesgarán a la aplicación directa del plan de choque gubernamental, limitando sus rentas actuales a la mitad o a cero en el caso de la opción de la moratoria.
La opción de disminuir el coste fijo que supone el alquiler para los negocios, que por la pandemia y las medidas de los gobiernos central y autonómicos han establecido restricciones de movilidad tanto espaciales como horarias, es solo una de las que ha barajado el Gobierno en las últimas semanas. También estuvieron sobre la mesa algunas medidas fiscales relacionadas con las cotizaciones a la Seguridad Social o ayudas directas, que es lo que demanda mayoritariamente el sector.
Pese a todo, y aunque finalmente la medida se apruebe este martes en Consejo de Ministros, queda por saber cuándo entrará en vigor el plan de choque, en el que además podrían incluirse otras medidas de apoyo. Por el momento, ambos sectores dan por perdida la campaña de Navidad, especialmente después de que las comunidades autónomas vengan anunciando en los últimos días un aumento de las restricciones, limitando la actividad de los negocios y adelantando los toques de queda ante el aumento de contagios en toda España. Resulta complicado pensar que, de aprobarse en la reunión ministerial del 22 de diciembre, la medida afectase ya a los alquileres del presente mes. De hecho, de ser así, causaría un perjuicio inesperado a los tenedores que no esperaban enfrentarse a esta situación tan de improviso.
