Nueva York
El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contrincante demócrata, Joe Biden, se enfrentarán cara a cara en el primer debate presidencial desde la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. Un esperado encuentro que llega marcado no solo por las creciente tensiones raciales y la inmediata resaca dejada por la nominación de la magistrada Amy Coney Barrett a la vacante de Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo sino también por el impacto económico y social del coronavirus.
Con más de 7,06 millones de infecciones y 204.249 muertes, el país se mantiene como el epicentro mundial de la pandemia. Todo ello en un momento en que todavía 14,6 millones de estadounidenses dependen de las ayudas que ofrece el programa de asistencia por desempleo aprobado como parte del paquete de estímulo de más de 2 billones de dólares aprobado el pasado 27 de marzo. Un salvavidas fiscal sin precedentes cuyo efecto se disipa desde finales de julio, ante el desacuerdo entre demócratas y republicanos para activar más ayudas.
En la actualidad, Biden mantiene un margen de 6,7 puntos en la media de las encuestas a nivel nacional que calcula el portal RealClearPolitics. En los estados clave dicha ventaja se reduce hasta los 3,6 puntos. Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca ha visto como en las últimas semanas la aprobación a su gestión económica vuelve a despegar, al situarse en el 50,3%, tras haber caído con fuerza a comienzos del mes de agosto. El republicano se aferra a su agenda económica como eje central de su campaña para diezmar a quien fuera vicepresidente de EEUU bajo la Administración de Barack Obama.
De ser reelegido por los estadounidenses el próximo noviembre, su objetivo incluye el compromiso de generar 10 millones de nuevos puestos de trabajo en tan solo 10 meses así como crear un millón más de nuevos negocios. Como ya hizo en los primeros compases de su papel como presidente de EEUU, Trump quiere reducir los impuestos sobre la nómina para aumentar el salario neto de los contribuyentes y mantener empleos.
Es por ello que seguirá promulgando acuerdos de comercio que protejan los puestos de trabajo patrios. También promete créditos fiscales para las compañías que fabriquen sus productos en el país y continuar con el proceso por desregular el sector energético. Al mismo tiempo tantea la posibilidad de ofrecer un programa de inversión en infraestructura de un billón de dólares durante la próxima década que podría ser financiado en un 20% por el gobierno federal y el resto mediante una combinación de contribuciones tanto de gobiernos estatales como locales así como del sector privado.
Sin embargo, sus planes enfrentan una recuperación todavía inestable, donde la tasa de paro se sitúa en el 8,4% mientras la semana pasada las principales mesas de inversión rebajaron sus expectativas crecimiento para el cuarto trimestre del año ante la falta de un nuevo programa que incentive el gasto público. Goldman Sachs redujo a la mitad, del 6% al 3%, sus perspectivas de crecimiento para el PIB en los últimos tres meses de 2020 mientras JPMorgan hizo lo propio rebajando hasta el 2,5% sus perspectivas.
"Un segundo mandato de Trump probablemente fomentará la continuación de las guerras comerciales, el dominio energético, el unilateralismo, el proteccionismo, el escepticismo al internacionalismo y una impredecibilidad política" señala Catherine L. Mann, economista jefe global de Citi. Por el contrario, una presidencia de Biden supondría "un regreso al futuro, con una política más predecible, marcada por el multilateralismo, una inversión pública en I + D, además de un fuerte enfoque en el cambio climático, más regulación y aumento de impuestos para financiar estas iniciativas políticas", añade Mann.
Una posible victoria el próximo 3 de noviembre abrirá la puerta a una agenda económica que aumentará los impuestos a compañías y las rentas más altas para financiar un aumento del gasto público que alcanzará los 4,5 billones de dólares durante los próximos 10 años.
Biden busca la mayor movilización de inversión pública en suministro, infraestructura, investigación y desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial, con inversiones totales de más de 2,5 billones de dólares. El demócrata apoya una subida del impuesto de sociedades desde el 21% actual hasta el 28%. También quiere duplicar la tasa sobre los ingresos obtenidos por las filiales extranjeras de las empresas estadounidenses desde el 10,5% al 21%.
En términos regulatorios, una Administración demócrata presionará para aumentar el salario mínimo federal hasta los 15 dólares a la hora y endurecer la política ambiental, lo que jugará en detrimento de sectores como el petrolero y la minería. En este sentido, Biden quiere abanderar una revolución energética basada en descarbonizar el sistema de generación eléctrica de EEUU en los próximos 15 años y lograr una economía libre de emisiones en 2050. Para ello invertirá 2 billones de dólares para sumar capacidad renovable, electrificar gran parte del sistema de transporte y desarrollar nuevas tecnologías.
Según un estudio de Moody´s Analytics publicado la semana pasada, las propuestas de Biden generarían 18,6 millones de nuevos puestos de trabajo durante su primer mandato y los ingresos del estadounidense medio (después de impuestos) aumentarían en 4.800 dólares. Por su parte, las políticas de Trump conducirían a un aumento de 11,2 millones de nuevos puestos de trabajo hasta 2025, con una subida mínima en los ingresos reales para una familia media.
El plan de Biden, según justifica Moody´s, produciría una recuperación más rápida que aumentaría el déficit a corto plazo. No obstante, con las tasas de interés bajas y la demanda deprimida, un incremento del gasto público podría reacelerar el crecimiento rápidamente.
En esta misma línea, los demócratas en control de la Cámara de Representantes tienen intención esta semana de presentar un nuevo proyecto de ley en busca de un nuevo plan de estímulo por valor aproximado de 2,4 billones de dólares, que incluirá pagos directos a los contribuyentes, extensión a las ayudas por desempleo, más créditos a fondo perdido para las PYMES y fondos para las aerolíneas.
