La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue apostando por unos Presupuestos Generales del Estado que corrijan brechas de desigualdad. "No nos sirven unos presupuestos moderados cuando un trabajador que cobra 430 euros de subsidio de desempleo no puede preservar su salud porque no puede comprarse mascarillas", ha sentenciado en una entrevista que este domingo publica La Vanguardia.
Díaz confía en que la negociación de las cuentas públicas sirva para "consolidar un bloque político versátil" que se responsabilice de la transformación del Estado, con un papel importante para Cataluña.
"Son los presupuestos de salida para que salgamos con más ciudadanía, menos desigualdad y más democracia. Se abrirá el diálogo empezando por el bloque de la investidura y se va a dialogar con todo el mundo", ha afirmado. Al hilo de esto, preguntada por el veto de Podemos a Ciudadanos, un aliado que sí busca el PSOE, la ministra de Trabajo rechaza que este pacto sea buscado por un sector mayoritario del Gobierno. "Yo no percibo el pretendido giro al centro de Ciudadanos", argumenta.
Precisamente, hace unas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir que en la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado no haya vetos cruzados, desmarcándose de la posición de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien ha vuelto a rechazar que se cuente Ciudadanos y ha reclamado que sean negociados únicamente con los partidos que apoyaron la investidura.
Las siete grandes tecnológicas tributan por Sociedades menos de 50 millones de euros, mientras una empresa española como Repsol paga 1.400 millones. Muy justo no es
En relación a una presunta subida de impuestos, la ministra subraya que España mantiene una distancia fiscal con Europa de siete puntos. Yolanda Díaz ve necesaria una modernización fiscal que incluya tasas a las corporaciones tecnológicas y relacionadas con la transición verde: "Las siete grandes tecnológicas tributan por Sociedades menos de 50 millones de euros, mientras una empresa española como Repsol paga 1.400 millones. Muy justo no es".
"No se trata de subir o bajar impuestos, sino de quién los paga. De si la carga impositiva va a productos de primera necesidad o al lujo", esgrime. "La decisión de la presidenta de Madrid de bajar impuestos en estos momentos, cuando nos faltan médicos, es dramática. Quieren ERTE hasta el infinito pero no impuestos, pues no se puede", se ha lamentado, evidenciando su postura.
El teletrabajo, una práctica laboral que he impuesto la pandemia del coronavirus, está cerca de tener una regulación que "se terminará con urgencia". La ministra de Unidas Podemos explica que se basará en cuatro puntos, entre los que se encuentra el carácter voluntario del teletrabajo, la compensación de gastos, la garantía de igualdad de derechos y la de la organización colectiva de los trabajadores. "No será un modelo tan avanzado como el de Suiza, donde se repercute a la empresa una parte del alquiler de vivienda", ha explicado, en relación a la compensación de los gastos, punto de fricción con los empresarios.
Excepciones de ERTE sin reconocer
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este domingo que los ERTE que no se han reconocido aún son muy pocos y que se deben a "incidencias muy menores". Ha afirmado que no hay ningún expediente colectivo de prestaciones sin reconocer: "Lo que hay ahora mismo no se debe a errores del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), sino a deficiencias de gestión". "Se han denegado 70.644 prestaciones sencillamente porque esas personas no tenían derecho, entre las que se incluyen 50.000 prestaciones porque eran autónomos, en todo el Estado", ha aclarado.
No considera que la situación esté normalizada "porque mientras haya una persona en ERTE que no ha cobrado no hay normalización", pero ha indicado que el mecanismo en sí ha funcionado muy bien. Y ha subrayado la necesidad de trabajar para que las personas que están actualmente en ERTE "no se conviertan en parados".
Preguntada por qué no alarga los ERTE hasta junio de 2021, Díaz ha opinado que lo importante es dar la seguridad a empresas y agentes sociales de que esta herramienta va a continuar mientras haga falta: "No sabemos exactamente hasta cuándo será necesaria".
Sobre la situación en Cataluña, ha dicho que es el territorio "que mejor ha entendido el procedimiento y el que más ERTE ha tenido", con una retribución en prestaciones que supera los 3.000 millones de euros.