Londres
La escalada de tensión entre Reino Unido y la Unión Europea ha desembocado en un ultimátum por parte de Bruselas, que ha perdido la paciencia ante la pretensión de Londres de vulnerar partes del tratado que había materializado su divorcio el pasado 31 de enero. La Comisión ha dado al Gobierno británico hasta final de mes para enmendar los aspectos de la controvertida Ley de Mercado Interno que quebrantan lo establecido en el Acuerdo de Retirada, o de lo contrario, no solo dará por concluida la actual negociación de la futura relación, sino que llevará a la segunda economía europea a los tribunales e impondrá costosas sanciones financieras.
La amenaza de la UE es el último episodio en una saga de provocaciones que atenazan el pacto comercial al que las partes aspiraban para final de año, cuando concluye la fase de transición del Brexit. En esta ocasión, sin embargo, la maniobra podría ser letal para los anhelos de garantizar un proceso ordenado, después de que Michael Gove, ministro de Gabinete británico y mano que mueve los hilos del Brexit, descartase cambios en la normativa diseñada para regular el funcionamiento interno de Reino Unido, una vez repatriadas las competencias de Bruselas.
La negativa inicial es comprensible, al menos políticamente, dada la imposibilidad de que la bravata europea pueda amedrentar a un Boris Johnson que quedaría en evidencia si cediese a la presión de una institución con la que él mismo se había encargado de romper. Solo el primer ministro y sus asesores saben con certeza si la polémica reescritura del Protocolo para Irlanda del Norte incluida en la Ley de Mercado Interno constituye, en realidad, un subterfugio para desencadenar el colapso de las actuales conversaciones de futuro.
Oficialmente, el Ejecutivo mantiene que la solución de compromiso hallada hace apenas un año para evitar la reimposición de una frontera dura con Irlanda, y con ello, para desbloquear el último escollo del Brexit, necesitaba pulirse, ya que había sido elaborada con una excesiva premura, debido a las constricciones temporales del momento. Es más, también ayer, coincidiendo con el frenesí del ultimátum comunitario, de la reunión extraordinaria del Comité Conjunto Reino Unido-UE (el organismo de disputas, entre otras funciones) a petición de Bruselas y del cierre de la octava ronda de negociación, el Gobierno británico disparó el delirio colectivo con lo que describió como su "posición legal" para la Ley de Mercado Interno.
En otras palabras, expuso su justificación para vulnerar una ley internacional, una intervención que no tardó en ser ridiculizada por la mayoría de expertos en Derecho del país. En síntesis, el documento redactado por la fiscal general del Estado, Suella Braverman, conocida militante pro-Brexit, mantiene que ya que Westminster tiene soberanía en el marco doméstico, cualquier decisión que adopte se antepone a la ley internacional. La tesis fue inmediatamente cuestionada por la plana mayor de la judicatura, pero en el caso del tratado que facilitó el Brexit, además, se da la particularidad de que la Ley de Retirada de la UE, aprobada por el Parlamento británico, otorga supremacía a los elementos del acuerdo con la UE relacionados con la normativa comunitaria.
En consecuencia, el Acuerdo de Retirada tendría preeminencia sobre cualquier legislación británica, una conclusión que difícilmente habría pasado desapercibida para la cúpula comunitaria ante la "extremadamente grave violación" de los términos pactados. De la condena oficial se encargó el vicepresidente de la Comisión Maroš Šef?ovi?, el responsable de cruzar el Canal para pedir explicaciones en Londres, pero la unanimidad de los estados miembro fue patente, empezando por Irlanda, que elogió públicamente la mano dura de Šef?ovi?.
No en vano, a la UE no le faltan recursos ante la insurrección británica: el mismo Acuerdo de Retirada incluye un mecanismo de disputas para "imponer sanciones económicas mediante un panel de arbitraje" y dada la propia admisión del Gobierno de Johnson de que está vulnerando lo acordado, Bruselas llevaría las de ganar. Por si fuera poco, el texto recoge que si Reino Unido no escucha al Tribunal Europeo de Justicia, o paga la multa, la UE puede suspender todas las obligaciones derivadas del tratado, excepto las que afectan a los ciudadanos.
Ante el encono de las partes, la única alternativa a la vía judicial y el colapso absoluto del proceso estaría en la Cámara de los Lores, donde el Gobierno no cuenta con mayoría, frente a la de los Comunes, en la que disfruta de una hegemonía de 80 diputados. Nombres conocidos de la cámara alta han avanzado su oposición a la última maniobra de Downing Street y amenazan con hacer valer su independencia de criterio.
Raíz del conflicto
El origen de la disputa está en las licencias de la normativa de Mercado Internio. Por arte de prestidigitación legislativa, los controles para los bienes llegados a Irlanda del Norte del resto del país desaparecen, la obligación de cumplir con las directrices del Tribunal Europeo de Justicia, "o con cualquier legislación de la Unión Europea", se desvanece, al igual que lo acordado en ayuda estatal, uno de los grandes escollos del diálogo que esta semana sumó la octava ronda de negociación.
