Londres
La insurrección de Boris Johnson ante la Unión Europea ha pasado de ser una mera amenaza con fines negociadores a adquirir rango de ley. La publicación ayer de la normativa de Mercado Interno, que regirá el engranaje comercial de Reino Unido una vez concluida la transición del Brexit el 31 de diciembre, confirmó formalmente lo que un alto cargo británico había reconocido ya en el Parlamento: que el Gobierno está resuelto a vulnerar un tratado internacional.
El matiz de que sería de manera "limitada y específica" no hizo más que contribuir al delirio colectivo provocado por una legislación que materializa los peores temores de Bruselas desde que la salida británica fuese oficial el 31 de enero: que Londres se desdiría de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Retirada, es decir, el documento vinculante que había permitido un divorcio ordenado y que sentaba las bases para la nueva relación.
En un episodio recurrente del déjà vu de la saga del Brexit, Irlanda del Norte vuelve a ser el sujeto de la discordia. Si hace justo un año el encaje del territorio en un Reino Unido independiente casi provoca el colapso de las conversaciones, ahora la solución de compromiso para evitar la reimposición de una frontera dura con la República de Irlanda ha dejado de servir para el Ejecutivo británico, al que la mayoría absoluta recabada en diciembre le ha dado alas hasta para desafiar una ley internacional.
Johnson nunca había ocultado su desagrado ante el, después de todo, se le había acusado de aceptar lo que su predecesora, Theresa May, había dicho que "ningún primer ministro británico podría acatar": tratar a una parte del país de manera diferente. Así, Irlanda del Norte continuaría, desde el punto de vista regulatorio, como parte del mercado comunitario, es decir, aceptando sus normas y actuando en materia aduanera como una con su vecino del sur, única frontera física entre Reino Unido y la Unión Europea.
El problema ahora es que el Ejecutivo, ante la ineludible tarea de regular su nuevo funcionamiento interno, una vez repatriadas las competencias de Bruselas, ha decidido reescribir las normas y atribuirse discreción para aplicar el protocolo. Que la maniobra rompe con los términos pactados no es una opinión subjetiva, así lo reconoció, leyendo directamente de un papel, el propio ministro para Irlanda del Norte el martes en la Cámara de los Comunes, pero el alcance de la vulneración ha sorprendido a los expertos en Derecho Internacional.
El motivo es que la ley ayer publicada otorga al Gobierno poderes para decidir unilateralmente qué hacer con dicho protocolo para Irlanda del Norte en lo que se refiere a los controles de los bienes destinados a Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales). Si en la negociación del año pasado había escocido el establecimiento de una frontera de facto en el mar de Irlanda, Reino Unido intenta reconducir la polémica doce meses después para arrogarse la capacidad de actuar como si este linde de nuevo cuño no existiese. Y por si no bastase, se ha animado también a deshacer lo acordado en materia de ayuda estatal, para descartar cualquier obligación de cumplir con las directrices del Tribunal Europeo de Justicia, "o de acuerdo con cualquier legislación de la Unión Europea".
Así, lo que Londres y Bruselas habían rubricado en enero establecía el "efecto directo" de la ley comunitaria, lo que en la práctica permitiría invocarla en un tribunal local, un compromiso que había hecho ruido, pero que a Johnson no le había costado votos. El primer ministro británico, sin embargo, ha demostrado una memoria de largo recorrido para tomarse la revancha, puesto que, en plena ronda de conversaciones con la UE, precisamente para evitar el fin de la transición en diciembre sin un acuerdo comercial, ha hecho lo que más podría haber incomodado a la cúpula comunitaria.
Su defensa oficial se sostiene tan poco, que las propias hemerotecas evidencian que no se la cree ni el propio premier: el Número 10 alegó ayer que el Acuerdo de Retirada había sido firmado tan rápidamente, que había elementos por pulir. Sin embargo, hace menos de dos años, el mismo Johnson, por entonces un mero diputado en armas contra la propuesta de divorcio negociada por May, había advertido de que, "de todas las mentiras que se están diciendo, la peor es la que mantiene que el tratado podrá arreglarse en la siguiente fase del a negociación".
Al sur del Canal, de hecho, no le han comprado el argumento y, además de poner en peligro el diálogo actual, lo han advertido de que, de atreverse a vulnerar un tratado internacional, la reputación de todo un Reino Unido como socio de confianza quedará hecha pedazos, un desenlace temido también en las bancadas conservadores, donde la febril insubordinación de su jefe de filas ha comenzado a instigar un motín interno.
