Economía

Trabajo mantiene a los laborales fuera de la ley del teletrabajo en el nuevo borrador remitido a los negociadores

  • Se recoge el compromiso de aumentar la jornada al 30%
  • El periodo transitorio se rebaja a 1 año, con la posiblidad de 2 más con acuerdo
  • El anteproyecto podría recibir el visto bueno mañana

Tal y como se había comprometido el pasado lunes, el Ministerio de Trabajo ha remitido esta mañana a los negociadores el, previsiblemente último borrador, el sexto, del anteproyecto de la Ley del trabajo a distancia, más conocido por teletrabajo. El escollo que quedó pendiente el pasado lunes no se ha resuelto: el Gobierno sigue excluyendo a los trabajadores públicos laborales de la futura ley de teletrabajo.

En principio, aunque los sindicatos no están muy contentos con la solución que el Gobierno está dando al medio millón de trabajadores públicos contratados como laborales, no parece que suponga una traba insalvable para no poder firmar el acuerdo. Tanto en UGT como en CCOO ha mostrado su intención de valorar el anteproyecto en su conjunto. Pepe Álvarez, que se ha mostrado muy beligerante con este aspecto, ha matizado que tendrían que pensarse dos veces negarse al pacto por este tema, pues es urgente que los trabajadores puedan tener una regulación del teletrabajo. Las condiciones que se han mantenido durante el confinamiento así lo aconsejan, dijo el secretario general de UGT.

El nuevo texto podría así recibir el visto bueno mañana viernes de los líderes de los agentes sociales reunidos desde esta tarde en Palma de Mallorca para mantener mañana viernes una reunión para arrancar la negociación de los Ertes el viernes.

En la reunión participarán los presidentes de CEOE y Cepyme y los secretarios generales de CCOO y UGT con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que puede cerrar posibles flecos al teletrabajo, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá. De ser así, el próximo martes podría ir incluso a Consejo de Ministros.

Más de un día

Y ha dado dos de tres, según explican a eE fuentes de la negociación. El nuevo texto aumenta, tal y como demandaron los empresarios, de 20% a 30% la jornada mínima exigida para que se considere teletrabajo, es decir, más de un día a la semana. A los sindicatos les ha concedido la rebaja para el periodo transitorio que tendrán las empresas que ya cuentan con acuerdos sobre teletrabajo para adaptarse a la nueva ley.

Un año de periodo transitorio

Trabajo ha reducido de los 3 años establecidos en borradores anteriores a 1 año, con la posibilidad de ampliarlo dos años más, hasta un total de 3, si hay un acuerdo entre los directivos y el personal de la empresa. Deja pues a la negociación colectiva el periodo de transición.

Personal laboral público

En lo que no ha cedido el Ministerio de Trabajo es en la demanda que empresarios y sindicatos, cada uno por motivos diferentes, expresaron el lunes de que no se debía dejar fuera, al menos de manera transitoria, al personal laboral de las administraciones. El propio anteproyecto establece que se regirán por una norma específica.

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores (ET), del que se deriva la futura ley del teletrabajo, aunque también está amparado en algunas cuestiones por el Estatuto Básico del Empleado Público. En cualquier caso, dada esta dicotomía, los sindicatos han exigido que, al menos de forma transitorio hasta que tenga su propio regulación, los laborales o estatutarios (como también se los conoce) estén amparado por la ley de teletrabajo ahora en negociación.

Pero el Ministerio de Trabajo alega que es mejor dejarlos fuera hasta que tengan su propia legislación. El próximo vienres 11 de septiembre, el ministerio de Función Pública ha convocado a los sindicatos para iniciar las negociaciones. Desde UGT se ha criticado que el compromiso de la ministra Carolina Darias fue iniciar la mesa en el mes de julio, no en septiembre.

Desde el Ministerio defienden que se comunicó a los agentes sociales que estaban trabajando en un borrador que, previamente, tenían que consensuar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pues la futura regulación servirá de base para todos los trabajadores públicos sin distinción de administración. De aquí que lleve retraso respecto a la negociación del teletrabajo en el sector privado.

Desde la CEOE consideran una "injusticia" la urgencia por regular el teletrabajo con las exigencias de abono de parte de los costes en los que incurren los trabajadores y, sin embargo, no aplica el mismo rasero a los empleadores públicos.

Pero de momento, si finalmente no recula la ministra de Trabajo, el borrador ha aclarado que el personal laboral de la Administración se regirá, en defecto de una normativa propia, por el artículo 13 del ET, que es el que ha servido de base para crear el nuevo texto legal. Y, claramente, está muy lejos de las condiciones que se establecen para los teletrabajadores del sector privado, también regulados por el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 13 ET. Trabajo a distancia.

1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.

2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.4 para la copia básica del contrato de trabajo.

3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones.

El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo.

4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en esta ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa.

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