El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha presentado una propuesta, para convencer a Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria y desbloquear las negociaciones sobre el fondo de reconstrucción europeo, que incluye un recorte en el presupuesto para 2021-2027 y un control sobre las ayudas a los países beneficiados por parte del Consejo Europeo. Aunque Michel ha apoyado las cifras anunciadas por la Comisión Europea, la iniciativa reduce las competencias del Ejecutivo comunitario sobre el fondo.
La cifras del fondo de reconstrucción europeo parece inamovibles. Tendrá una capacidad de 750.000 millones y desde las instituciones europeas defienden que se repartan en 500.000 millones como transferencias a fondo perdido y 250.000 millones como préstamos. Pero las negociaciones entre las capitales europeas están centradas en cómo controlar las ayudas y las condiciones para acceder a ellas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su intento de que el fondo se apruebe la próxima semana no ha movido un punto las cifras, pero su propuesta incluye serios guiños a favor de los intereses de Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria, los llamados frugales.
Michel ha ofrecido que sea el Consejo Europeo, el órgano donde están representados todos los líderes de la UE, quien ejerza el control de las ayudas, y no la Comisión Europea. Los países que quieran beneficiarse del fondo de reconstrucción deberán presentar un plan nacional de reformas para el periodo 2021-2023, que será supervisado, analizado y recomendado por la Comisión Europea, pero será el Consejo Europeo quien tenga la última palabra. Deberá aprobar los planes de reformas por mayoría cualificada. Es decir, los desembolsos tendrán luz verde siempre que el 55% de los Estados miembros vote a favor, lo que en la práctica significa 15 de los 27 Estados miembros tendrán que dar su aprobación.
Para acceder a las ayudas los países tendrán que presentar planes de reformas a aplicar en dos años
Los Estados beneficiados por el fondo deberán respetar las recomendaciones económicas que les hace la Comisión y deberán cumplir con los objetivos fijados para recibir desembolsos. En 2022 se hará una revisión de los mismos para tener en cuenta el cambio en los criterios de distribución.
Supone que el fondo se articulará, si la propuesta es aceptada por los frugales, con un gran componente político, en detrimento del análisis técnico si la Comisión ejerce el control sobre el fondo de reconstrucción. El bloque del sur (España, Italia, Portugal, Francia y Grecia) se siente más cómodo con un mayor poder de la Comisión que la decisión final se traslade a las alianzas de las capitales. La gran línea roja ha sido durante estos meses de negociación evitar los fantasmas que provocó la troika durante la crisis de deuda europea. Bajo la supuesta bendición del BCE, FMI y la Comisión Europea se establecieron condiciones draconianas para acceder a los rescates financieros. El Eurogrupo pasó a convertirse en un potro de tortura para arrancar duros compromisos en los países que necesitaron ayudas, para luego pasar a la supervisión de la troika.
España, Italia y Francia son los principales interesados en que el acceso a los fondos de rescate no se convierta en un proceso de troika 2.0. Y ayer se perdió la primera batalla. La derrota de Nadia Calviño, como representante de las economías del sur, pese al apoyo de Alemania, refleja la correlación de fuerzas que hay en la Unión Europea y por dónde van yendo los tiros en las negociaciones del fondo de reconstrucción y de los próximos presupuestos de la Comisión Europea.
La nueva propuesta perjudica a España al haber menos ayudas en los primeros años
El otro gran guiño para los frugales es la distribución de las ayudas en el tiempo. Se habían quejado que la propuesta de la Comisión beneficiaba a los países que presentaban una peor situación económica antes de la pandemia. El monto principal se concentraba en los dos primeros años. Michel ha propuesto cambiar los criterios para la distribución del grueso de las ayudas del fondo, de modo que el 70% del dinero se comprometerá entre 2021 y 2022 y se repartirá siguiendo los criterios que había fijado la Comisión, que tenían en cuenta el PIB, población y tasa de paro entre 2015 y 2019 de los Estados.
El restante 30% se comprometerá a partir de 2023 y se asignará en función de la caída del PIB que haya registrado cada país en 2020 y 2021. El objetivo es que haya un "vínculo real entre la crisis y el plan de recuperación y asegurar que el dinero va a las regiones y sectores más afectados", según Michel. Un cambio de escenario que perjudica a España que aspiraba a obtener más de 140.000 millones bajo los criterios de la Comisión.
El presidente también ha planteado que las primeras devoluciones de los préstamos del fondo se adelante dos años a 2026, la Comisión planteaba empezar en 2028, lo que le lleva a proponer nuevos recursos propios para el presupuesto europeo con el fin de sufragar estos costes. En concreto, propone introducir ya en 2021 un gravamen sobre el plástico no reciclado y en 2023 un mecanismo de ajuste del carbono en frontera, así como seguir adelante con la tasa Google.
Michel ha explicado que la propuesta del Consejo ha sido elaborada a partir de contactos con todos los Gobierno y ha reconocido que la propuesta de la Comisión genera rechazo en algunas capitales. El presidente ha apuntado a que existen diferentes sensibilidades sobre el reparto entre transferencias y préstamos. Michel ha justificado apoyar los 500.000 millones en transferencias directas "para evitar sobrecargar a los Estados miembros con un alto nivel de deuda", lo que "sería no solo un problema para ellos, sino para el mercado único".
Y por último, Michel quiere reducir a 1,074 billones de euros el presupuesto para 2021-2027, lo que supone un 2,36% menos que lo planteado por la Comisión Europea (CE), para terminar de convencer a Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria. Además de mantener los descuentos que reciben en su contribución al presupuesto comunitario.
