La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió este lunes en la Real Casa de Correos la firma del Pacto Regional por la Vivienda, un acuerdo en colaboración con los principales agentes inmobiliarios de la región con el que el Gobierno regional marca las pautas de actuación a seguir en este sector clave para la recuperación económica tras la crisis del Covid-19. En otro orden de cosas, se comprometió a poner en marcha un plan estratégico a dos años para dinamizar el sector de la hostelería y la restauración.
Ayuso dijo que se trata "del pilar de otros futuros pactos para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia, impulsar el sector inmobiliario y facilitar un derecho institucional, el acceso a la vivienda". La Comunidad de Madrid ya tenía previsto promover un Pacto Regional por la Vivienda desde el mes de abril.
"Queremos convertir la complicada situación actual en una oportunidad para transformar y actualizar el sector de la vivienda y que este pacto sea el impulso definitivo para la profesionalización del sector y la generalización del I+D y los criterios de sostenibilidad", afirmó Ayuso, quien indicó que se movilizarán todos los recursos disponibles, públicos y privados, para reactivar el sector inmobiliario y generar vivienda asequible.
Siete medidas para impulsar el sector inmobiliario
El citado pacto se asienta sobre siete pilares que buscan contribuir a crear empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid a través de un sector que genera el 7% del empleo directo, el 15% del indirecto y aporta hasta el 10% del PIB madrileño.
En primer lugar, se ahondará en la fórmula de colaboración público-privada como medio eficaz para movilizar todos los recursos disponibles que reactiven el sector para cumplir con el fin público de generar vivienda digna a un precio asequible.
También se contempla una adecuada fiscalidad en materia de vivienda, ya que la repercusión de los impuestos sobre el precio final de la vivienda puede oscilar hasta en un 25% de su valor. El Gobierno regional y el sector consideran imprescindible desarrollar políticas fiscales que bonifiquen y promuevan la vivienda, ya que redundará en un mayor volumen de actividad, generando así mayor recaudación.
El tercer punto pasa por fomentar un mayor apoyo a la vivienda social, de la que la Comunidad de Madrid es líder nacional, creando las condiciones que permitan seguir incrementando el parque público, en un entorno de dificultad presupuestaria como el actual, y colaborando con el tercer sector en cuanto a situaciones de vulnerabilidad social. La Comunidad de Madrid sigue trabajando para que su parque de 23.200 viviendas públicas, gestionadas a través de la Agencia de Vivienda Social, se incremente en otras 1.500 viviendas a lo largo de la presente legislatura. A lo largo del próximo otoño se avanzará en la tramitación administrativa que permitirá iniciar las 400 primeras viviendas sociales.
La cuarta de las medidas recogidas en este pacto contempla la necesidad de llevar a cabo una modernización administrativa. La burocracia en materia de suelo y vivienda provoca cuellos de botella que, junto con la dilación en el tiempo, ponen en riesgo los proyectos inmobiliarios y los de los propios residentes además de encarecer el precio final.
La seguridad jurídica es el quinto de los puntos acordados, teniendo en cuenta que en un momento de incertidumbre económica como el actual, el sector debe de contar con un clima de seguridad que favorezca la atracción de nuevas inversiones y la implantación de nuevos negocios y proyectos inmobiliarios que generen riqueza y empleo. Para ello, hay que disponer de un marco regulatorio, estable, transparente y equilibrado que atraiga dicha inversión. Igualmente, es necesario contar con una financiación suficiente y estable.
El acceso a la vivienda, especialmente a la primera, debe facilitarse con un sistema financiero e hipotecario que posibilite su promoción, tanto en régimen de compra como de alquiler. El objetivo es tener un espacio en el que compradores, arrendatarios y promotores puedan convivir de manera armónica evitando tensiones en el mercado que altere el alza en los precios.
Por último, y como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19, el sector vive un momento de oportunidad para llevar a cabo una transformación y actualización, propiciando la consolidación definitiva de su profesionalización, mediante la formación dual en la construcción como base, la extensión del I+D, y la apuesta por una industrialización creciente con la consecuente creación de un nuevo tejido productivo.
Plan estratégico a dos años para dinamizar hostelería y restauración
El sector hostelero en Madrid está compuesto por 33.835 establecimientos y emplea de forma directa a más de 220.000 trabajadores. Además, es una pieza clave para la actividad económica en el conjunto de la Comunidad de Madrid por su facturación de casi 17.000 millones de euros, lo que supone un 4,4% de la riqueza regional.
Ahora, comentó Ayuso, el Ejecutivo autonómico entiende que es necesario un plan completo para respaldar a los 33.000 bares y restaurantes en la región, teniendo en cuenta que el sector estima un elevado cierre de los mismos tras el estado de alarma, donde muchos se han visto obligados a paralizar completamente su actividad.
Se abordó la necesidad de una revisión fiscal de incentivos económicos y promocionar el turismo con máximas garantías de seguridad
Durante el encuentro se planteó la necesidad de una revisión fiscal de incentivos económicos, seguir trabajando para mejorar la Formación Profesional Dual y aprovechar este verano atípico por el coronavirus para promocionar el turismo en la región con las máximas garantías de seguridad. Las asociaciones han pedido que la distancia de seguridad sea la que marque el aforo en la reapertura de los establecimientos.
La Comunidad de Madrid, que cuenta con 30 estrellas Michelín, también quiere fomentar la gastronomía de calidad de la región y apoyar a los chefs en sus proyectos. De hecho, la semana pasada se suscribió un convenio de colaboración con la empresa Coque World, propiedad del cocinero madrileño Mario Sandoval, para implantar el primer huerto abierto de colaboración público-privada que servirá para avanzar en la investigación agroalimentaria.
