Barcelona
Los criterios que finalmente ha aprobado el Gobierno para el reparto de los 16.000 millones de euros con que dotará el fondo Covid-19 para las autonomías han elevado las críticas en aquellos territorios con índices de población inferiores, siendo este el criterio que prevalecerá para el cálculo de las dotaciones.
Denuncian que se aumenta la brecha de financiación autonómica con diferenciales de hasta el 25% en la aportación per cápita entre territorios, puesto que las autonomías mejor sufragadas recibirán más de 500 euros por habitante, mientras que en otros puntos de la geografía el reparto solo alcanzará por ciudadano algo más de 100 euros. Eso ocurrirá entre regiones como Madrid respecto de zonas como Castilla La Mancha o Cantabria, por citar algún ejemplo.
La suma de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana supondrá el 62% del total del fondo.
Ello se debe a que si bien el impacto en la sanidad debía prevalecer a la hora de fijar el destino de los 16.000 millones del fondo de ayudas, la aprobación final del Gobierno en el último Consejo de Ministros determinó que sea el número de habitantes el criterio que más ponderará con un peso de entre el 35% y el 45%, sumado al del número de personas ingresadas en las UCI (otro 30%) y las hospitalizadas por el contagio del Covid-19 (con un 25%).
Madrid y Cataluña se llevan el 41% del total del fondo
El 10% restante, corresponderá al número de pruebas de PCR realizadas. Esta sí ha sido una de las pocas modificaciones que se han consensuado porque inicialmente el Gobierno solo quería computar las pruebas de control de contagio con un resultado positivo.
Comunidades autónomas como Murcia, Castilla y León, Cantabria o Castilla-La Mancha se sienten discriminadas y acusan al Gobierno de falta de equidad en la distribución de los recursos porque acrecienta las diferencias entre territorios. Desde las aportaciones de 3.400 millones para Madrid y 3.200 para Cataluña, que les otorgarán 508 euros por habitante y 421 euros por habitante, respectivamente, se pasará a los 300 millones de Castilla La Mancha que redundarán en 147 euros por habitante o los 650 millones para Castilla León, a cuyos ciudadanos corresponderán 270 euros.
La siguiente comunidad más beneficiada será la más poblada de España, Andalucía, con 2.100 millones y 248 euros per cápita, y le sigue el Gobierno valenciano con 1.450 millones, cuyo presidente Ximo Puig fue el primero en defender que pesara más la población total.
Entre las autonomías más castigadas, el caso de Cantabria, que con 120 millones tendrá 206 euros por persona.
Las zonas más desfavorecidas insisten en que no se tienen en cuenta criterios más ecuánimes como la inversión realizada desde sus sistemas sanitarios en medidas de prevención al contagio. Consideran que sus políticas de fomento de la atención primaria, a la que han dotado de más recursos tanto humanos como técnicos o la mejora de la asistencia domiciliaria atenuaron la propagación de la pandemia. Y, por lo tanto, que en las áreas sanitarias de su competencia se registraron menos número de enfermos hospitalizados o ingresados en las UCI, lo que les restará recursos.
Algunos reclaman que se incluyan otros criterios como el envejecimiento o la dispersión poblacional
Hacen hincapié en que eso no quita que su factura sanitaria se haya disparado por el impacto del Covid-19 como en el resto de autonomías y que los fondos no cubrirán todo el gasto, y así se lo hicieron saber al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Están a la espera de que Hacienda haga sus cálculos definitivos en julio, para el primer pago que será de 6.000 millones de euros.
Muchos de ellos, los que se sienten más discriminados, reclaman que en los cálculos del Ministerio de Hacienda para el reparto se incorporen otros aspectos demográficos como el envejecimiento de la población -se ha demostrado que la pandemia ha afectado especialmente a las personas mayores de 65 años- o su dispersión poblacional en el conjunto de la región.
Señalan que el reparto de 16.000 millones con partidas exclusivas para educación -a la que no ponen inconveniente- y a transporte también es injusta y parcial porque las redes de infraestructuras de movilidad son muy distintas entre comunidades.
Para algunas autonomías, como es el caso de las Islas Baleares, si bien el ámbito sanitario es esencial, será muy importante el cálculo que se realice sobre la partida de 4.200 millones para paliar la pérdida de ingresos por los impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados y por los tributos de matriculación, así como los impuestos sobre el juego, salvo las apuestas online. En este capítulo, las autonomías están pendientes de disponer de las cifras tributarias.
La portavoz y consejera de la Presidencia del Gobierno Balear, Pilar Costa, ha informado de que prevén recibir unos 400 millones del fondo Covid-19, de los cuales, unos 150 corresponderían al reparto de 9.000 millones por el impacto en la sanidad, mientras que para esta comunidad autónoma tendría especial peso la partida correspondiente a la pérdida de ingresos tributarios.
