Buenos Aires
Argentina y los acreedores cedieron para acercar posiciones en la discusión por la reestructuración de los 68.000 millones de deuda bajo legislación extranjera. El Gobierno prorrogó hasta el 12 de junio la fecha hasta la que se pueden presentar las adhesiones, pero las negociaciones pueden ir más allá, ante el acuerdo tácito de que los bonistas no demanden la aceleración de los vencimientos de títulos públicos que ya se encuentran en default. El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a sentar una postura de apoyo al canje de deuda que lleva adelante el presidente, Alberto Fernández y aclaró que queda poco margen de mejoría.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su segunda extensión de la invitación por la reestructuración. El segundo plazo vencía formalmente el 2 de junio, luego de que el 8 de mayo tampoco hubieran alcanzado un acuerdo con las mayorías necesarias para forzar a la totalidad a entrar en la reestructuración. En esta ocasión, la diferencia de posiciones con los acreedores se estrechó considerablemente, con revisiones de ambas partes. "Desde la extensión previa, la república se dedicó proactivamente a mantener conversaciones con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes y recibió sugerencias sobre diferentes caminos para mejorar el valor de recupero", aclaró el Palacio de Hacienda en un comunicado.
La semana pasada, el FMI expresó su respaldo a la propuesta del Gobierno al indicar que es consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad. Aclaró plantea que existe "solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del FMI".
Guzmán tomó este apoyo y lo hizo valer frente a los bonistas. "En vista de la declaración técnica del personal del FMI, la república se encuentra evaluando la posibilidad de introducir ajustes adicionales a la invitación con el objetivo de maximizar el apoyo de los inversores, sin dejar de preservar al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad de la deuda", dejó en claro. Una de las posibilidades que Guzmán había abierto antes de la presentación de la propuesta inicial consiste en sumar el cupón PBI siempre que los fondos lo ponderen. "Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, aliviando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía devenidas de la actual carga de deuda, permitiendo reencauzar la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo", planteó el ministerio.
A esto se le sumó el jueves el vocero de organismo, Gerry Rice, quien sentenció: "Tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo". "No quisiera especular sobre las conversaciones entre la Argentina y sus acreedores. Esperamos que se pueda alcanzar un acuerdo que permita encarrilar la deuda de forma sostenible y permitir un crecimiento fuerte de la economía", aseguró Rice.
A la par, el mayor distrito, la provincia de Buenos Aires, decidió la extensión de las negociaciones por su deuda hasta el 19 de junio. Con esta nueva extensión, "la Provincia continuará intensificando el diálogo con los inversores que aún no aceptaron la propuesta a fin de realizar una posterior enmienda", remarcó el Ministerio de Hacienda y Finanzas. La deuda bonaerense bajo legislación extranjera que busca canjear el gobernador, Axel Kicillof, es de U$S 7.148 millones.
La crisis del coronavirus en Argentina
La pandemia golpeó a Argentina en medio de una profunda recesión, por lo que acentuó sus efectos. Para mitigar el impacto, el Gobierno nacional desplegó una batería de políticas que equivalen al 5,6% del PBI y que incluyen el pago desde el Estado de la mitad de los salarios de 1.800.000 trabajadores y la entrega de subsidios a 8.700.000 familias.
El Gobierno desarrolló el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) por el que le transfiere el 50% del sueldo a empleados de empresas en crisis por hasta 450 euros. El mes pasado, las arcas públicas solventaron a 1,8 millones de trabajadores, lo que permitió que las compañías se quiten un peso de encima en un contexto en el que muchas no registran ventas o directamente no reabrieron sus puertas por la cuarentena obligatoria. Se desembolsaron en total 493 millones de euros, de acuerdo a las cifras oficiales.
Además, el presidente, Alberto Fernández, desplegó el ingreso familiar de emergencia (IFE), por el que le entrega 134 euros mensuales a personas sin ingresos. Los planes no son permanentes, sino que se renuevan mes a mes dependiendo de la actividad económica.
Argentina, con 44 millones de habitantes, ha registrado su récord esta semana, con poco más de 950 casos positivos de coronavirus por día. Sin embargo, su concentración en la Ciudad de Buenos Aires permite que Fernández habilite cada vez más actividades en el resto del país.
