La unidad de acción sindical entre UGT y CCOO, una conquista que llevó muchos años conseguir, ha tenido una fisura estas semanas durante la renovación de los Ertes de fuerza mayor. Un instrumento legal, cuyo periodo de vigencia llega a su fin cuando se levante legalmente el estado de alarma. Las diferencias entre las dos organizaciones de trabajadores no se han externalizado, pero se han dejado notar en la Mesa de Diálogo que negocia estos días discretamente.
Unos desacuerdos que no han enturbiado la entente que mantienen ambas centrales desde hace ya mucho tiempo y que se ha puesto de manifiesto, un año más, en la celebración unitaria este fin de semana del Primero de Mayo. Una jornada reivindicativa extraña, como han apuntado los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo de CCOO y Pepe Álvarez, de la Unión General de Trabajadores, que ha estado marcada por el confinamiento.
Volviendo a las disensiones, se han dejado entrever en las comparecencias conjuntas y telemáticas de Pepe y Unai ante los medios. Los mensajes de ambos secretarios generales no fueron idénticos en lo que a renovación de Ertes se refiere. El líder de UGT ha insistido en la necesidad de cerrar un acuerdo previo con las patronales CEOE y Cepyme para poder presionar al Gobierno con una postura consensuada por los agentes sociales. Álvarez volvió a poner encima de la mesa la necesidad de tal negociación el pasado viernes, durante el acto informativo con motivo de la jornada del Primero de Mayo.
A pregunta de este periodista, Sordo se sumó a la conveniencia de renovar el acuerdo que firmaron sindicatos y empresarios el 14 de marzo para presentar un documento de medidas conjuntas al Gobierno, donde se incluyeron materias sensibles difíciles de acordar. Pero alguno de estos puntos calientes que se consiguieron pactar no los aprobó el Gobierno, como la exoneración de las cuotas empresariales para los Ertes de causas objetivas. O, incluso, el Ejecutivo introdujo materias que se dejaron fuera del acuerdo entre empresarios y sindicatos, como la exigencia de que las empresas que se beneficiasen de un Erte tuvieran prohibido despedir durante los seis meses siguientes a la finalización del expediente.
No todo se traslada al BOE
"Renovar el acuerdo es mejor que no tenerlo y esperamos que así lo haga la CEOE", dijo el viernes Unai Sordo que, a renglón seguido, matizó; "Pero negociar es ceder y no todo se traslada al BOE", en referencia al malestar, igualmente discreto, que los dos puntos expuestos una líneas más arriba causaron entre las organizaciones empresariales. De hecho, CEOE y Cepyme se han cerrado a renegociar un acuerdo con los sindicatos si previamente no tienen la certeza de que lo va respetar el Gobierno.
Pepe Álvarez, por su parte, se muestra mucho más interesado en llegar a un acuerdo con los empresarios con el que presionar al Gobierno para que no sea cicatero (en la negociación mandan los costes presupuestarios) con los fondos destinados a la renovación de los Ertes. Fondos que se gastarían en alargar al máximo esta herramienta vital para evitar despidos, pero también con los derechos que conlleven, especialmente la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social o el mantenimiento de las condiciones especiales para que los trabajadores afectados puedan acogerse al desempleo y que estos periodos no computen en futuras prestaciones (contador a cero).
"No me gustaría que no llegásemos a un acuerdo entre las tres partes" –dijo Pepe Álvarez el viernes– "aunque no será con el cien por cien de las pretensiones de cada una de las partes. Pero todos debemos pensar en los trabajadores y las empresas". E insistió en que en estos momentos hay dos negociaciones abiertas, una con el Gobierno y otra con la CEOE.
Pero más allá de la importancia que ambos sindicatos dan a un acuerdo previo con las organizaciones empresariales, durante las negociaciones de estas semanas ambas centrales sindicales se han distanciado en algunos puntos vitales. El principal radica en la continuidad de los Ertes de fuerza mayor en el tiempo. Mientras Comisiones Obreras es partidario de que el acuerdo garantice la prórroga al menos hasta verano, UGT se alinea con las tesis de las organizaciones empresariales, al considerar que se debería asegurar que podrían estar activos hasta final de año. Un matiz importante, aunque no insalvable, pues tanto los dos sindicatos como las dos patronales presentes en el Mesa de Diálogo han antepuesto ante todo la flexibilidad. En este sentido, en CCOO consideran que aunque el límite se pusiese en verano, se podría replantear el plazo si las condiciones económicas lo recomendaran.
Otra fricción radicó, en los primeros momentos de la negociación, en la automatización de la renovación de los Ertes de fuerza mayor. El sindicato de Sordo entendía que una vez se levantase el estado de alarma, la causa de fuerza mayor declinaba, lo que exigía una nueva renovación de los Ertes, aunque ya en forma de causas objetivas. Los empresarios siempre han defendido que ese paso fuese automático, para evitar volver a renegociar los expedientes. UGT se ha colocado en medio, pues ha defendido la sencillez del proceso de renovación.
En lo que sí se muestran todos los participes de acuerdo –empresarios, sindicatos y Gobierno– es en que los Ertes de fuerza mayor deben permitir que se vayan incorporando a la actividad los trabajadores de manera parcial y no todos de golpe, sin necesidad de renegociar los Ertes y tener que volver a ser tramitados. Algo que ya garantizó el Gobierno en el RDL de 21 de abril.
