El Gobierno ha creado una Comisión Interministerial en la que, al menos, estarán representados los ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad Social y previsiblemente Industria y Transporte, para calcular el coste presupuestario de las medidas que se vayan tomando para la desescalada. Una Comisión a nivel de Secretarios de Estado que estará presidida por Economía, concretamente por la secretaria de Estado de Economía y Tesoro, Ana de la Cueva.
De momento, la primera decisión que se está estudiando esta Comisión es la prórroga de los Ertes. El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales discuten en la Mesa de Diálogo Social cómo serán los Ertes en la fase de la desescalada. Aunque se han acercado posturas, el mayor punto de fricción radica en los plazos en que se mantengan prorrogados los actuales expedientes de fuerza mayor, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
Y aunque el debate continúa abierto, las posiciones empiezan a decantarse por dos tesis: el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz considera que la prórroga de los Ertes de fuerza mayor se debería limitar a verano, posición que mantendría también CCOO, aunque con flexibilidad para ir adaptando los plazos a la realidad de la pandemia. UGT y los empresarios hablan de final de año, para dar una mayor seguridad a las empresas.
En cualquier caso, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que el Gobierno ha aclarado que la decisión final es ante todo una cuestión presupuestaria. Quiere conocer con qué fondos comunitarios podrá contar para poder sufragar la continuidad del medio millón de expedientes.
Ertes más flexibles
De momento, las fuentes confirman a elEconomista que el ministerio que dirige Díaz ha flexibilizado las posiciones que les expuso en un documento que remitió a la Mesa de Diálogo Social el domingo 19. Según varias fuentes consultadas por este diario, el Gobierno aceptaría prorrogar los Ertes de fuerza mayor sin discriminar necesariamente por sectores y, lo más relevante, flexibilizar las condiciones legales de esta figura (Ertes de Fuerza Mayor) que actualmente exige que se someta al expediente a la totalidad de la plantilla. Tanto empresarios como sindicatos le expusieron al Gobierno la necesidad de que se permita ir incorporando parte de la plantilla a la actividad, en función de las evoluciones concretas, pero manteniendo las condiciones del Erte por fuerza mayor. Hay que tener en cuenta que hay más de cuatro millones de trabajadores incluidos en más de medios millón de expedientes.
En un primer momento, la intención del Gobierno es que sólo se prorrogasen los Erte de fuerza mayor de determinados sectores (turismos y compañías aéreas) y el resto se negociasen nuevamente como Ertes por causas económicas, organizativas, productivas o técnicas. Algo que fue descartado por los agentes sociales.
Por tanto, además de permitir que se puedan prorrogar los Ertes de fuerza mayor, Trabajo también habría aceptado, según fuentes conocedoras de las negociaciones, que la prórroga se determine en función de causas y no por sectores. Así se evitaría que ciertos sectores pudiesen quedarse fuera.
En estos momentos, se está negociando qué causas se establecerían para determinar que se permita la prórroga de los Ertes de Fuerza Mayor, siempre con la posibilidad de que se puedan ir incorporando de forma escalonada partes de la plantilla.
Diferencias en los plazos
Algo más de fricciones está generando los plazos para que estos Erte por fuerza mayor sigan activos para ir permitiendo la incorporación gradual de las plantillas. El debate estriba en que desde CCOO son partidarios de que el plazo esté vivo hasta verano, aunque siempre con la flexibilidad de ir adaptándose a la realidad de la pandemia, lo que podría alargarse. Otras partes, según las fuentes consultadas, quieren establecer el plazo más largo, posiblemente hasta final de año, para dar una mayor seguridad a las empresas.
En cualquier caso, los agentes sociales han solicitado al Gobierno que los Erte de la desescalada tengan las mismas condiciones que los actuales, especialmente la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, que actualmente es para el 100% de las empresas que facturan por debajo de los 6 millones, y del 75% para el resto. Igualmente, las condiciones, mucho más livianas, para los trabajadores afectados, en concreto el contador a cero (no les cuente el tiempo de los Erte para futuras prestaciones) y que no se les haya exigido los periodos mínimos de dos años de cotizaciones para tener derecho al desempleo.
Pendientes de la desescalada
No obstante, la capacidad presupuestaria no es el único factor que está pesando en la negociación de la prórroga de los Erte. Los problemas sanitarios marcarán claramente la decisión. En este sentido, las fuentes consultadas matizan que dependerá de cómo se sale del estado de alarma y cómo se planifica la desescalada. En este sentido apuntan que si se mantienen cerrados ciertas actividades (cine, teatro, bares, viajes al extranjero o limitaciones de aforo en playas, por ejemplo), dejaría de facto a todos los sectores fuera de la normalización y, por tanto, con una prórroga automática de sus Ertes por fuerza mayor.
Próximo documento
De momento, el Ministerio de Trabajo no ha convocado a una nueva reunión a la Mesa de Diálogo para negociar el modelo de los Ertes para la fase de desescalada. No obstante, se espera que la propuesta que presente, tras analizar las observaciones presentadas por los agentes sociales, haya sido previamente debatida por la Comisión Interministerial con el fin de pasar el tamiz presupuestario.
