El Real Decreto-ley 11/2020, de 1 de abril, aprobado por el Gobierno establece la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la pandemia del COVID-19. También este decreto establece que el límite disponible de dichos derechos consolidados para este supuesto son los correspondientes a los salarios dejados de percibir mientras mantenga su vigencia el ERTE, importes que deben ser acreditados. La medida estará en vigor durante seis meses desde el día 15 de marzo de 2020.
Amparándose en que no se han regulado reglamentariamente ni las condiciones ni los términos para hacer efectivos los derechos consolidados y desconocer por tanto la documentación que deben aportar los afectados, tanto la patronal de fondos de pensiones, INVERCO, como la de seguros, UNESPA, han solicitado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que clarifique con urgencia las dudas anteriomente indicadas y, entre tanto, las gestoras y aseguradoras se escudan en esta circunstancia para no hacer efectivos los derechos.
Como se trata de una necesidad perentoria y en puridad no tiene por qué hacerse necesariamente tal desarrollo reglamentario sino que bastan medios probatorios fehacientes que acrediten en derecho las circunstancias legales, creemos que debería bastar y una certificación de la empresa sobre el ERTE indicando el número de expediente, fecha y duración, indicación de que el empleado es uno de los afectados e importe de salario dejado de percibir, así como cualquier documento oficial que pruebe que el empleado percibe la prestación por desempleo procedente del SEPE.
Sin embargo, está claro que ya nadie mueve un dedo sin reglamentos o instrucciones oficiales, incluso en las más elementales cuestiones y para las más básicas necesidades de la gente fehacientemente acreditables en derecho por distintos medios probatorios como se ha hecho toda la vida.
