Economía

Puig considera insuficientes las ayudas de Sánchez para autónomos y pide más flexibilidad para hacer ERTEs

  • La Comunitat dará "ayudas directas" de 750 y 1.500 euros por inactividad
  • El presupuesto total de la medida asciende a 57 millones de euros
  • Reclama que se pueda acceder a los expedientes "por irradiación"
Ximo Puig, durante su comparecencia. eE
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El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, endureció este jueves su discurso frente al Gobierno del también socialista Pedro Sánchez. El dirigente anunció ayudas directas para autónomos, sobre las que afeó que "no se han dotado suficientemente" por parte del Ejecutivo central, al que además reclamó una mayor flexibilización en los supuestos para que las empresas puedan acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor. En concreto, solicitó que se contemple también a las empresas afectadas "por irradiación".

Por lo que respecta a la medida para autónomos, impulsada por la Conselleria de Economía que dirige Rafael Climent, consistirán en "ayudas directas" de 750 euros por "lucro cesante", para quienes hayan visto reducida sensiblemente su actividad; y de 1.500 para las que "no tengan ningún tipo de actividad", las que hayan tenido que cerrar debido a las medidas excepcionales derivadas del Estado de Alarma.

Tales ayudas, que serán aprobadas este viernes en el Pleno del Consell, tienen el objetivo de llegar "al máximo número de autónomos, alrededor de 60.000" y contarán con un presupuesto total de 57 millones de euros, tal y como anunció la pasada semana el propio Puig. El mandatario, sobre las mismas, indicó que "la intención de la Generalitat Valenciana es complementar, en la medida de lo posible, aquellos espacios en los que no se ha dotado suficientemente por parte del Gobierno -a nuestro parecer- la respuesta inicial a la crisis".

Por lo que respecta a la flexibilización de los ERTE, el presidente reconoció que la Generalitat ha recibido "una avalancha" -se han aprobado cerca de 25.000 expedientes que afectan a casi 150.000 empleados en la autonomía a fecha de 25 de marzo-.

No obstante, denunció falta de claridad en los supuestos a los que pueden acogerse las empresas a esta fórmula que evita los despidos definitivos. Por ello solicitó "una interpretación que acoja los ERTEs por irradiación", es decir, que ampare también a empresas no contempladas de forma explícita en el decreto del Gobierno pero sí afectadas de gravedad -por ejemplo, una lavandería que deja de trabajar porque han cerrado los restaurantes a los que les lavaba los manteles-. "Pedimos que se flexibilice para que los trabajadores puedan cobrar lo antes posible", subrayó.

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