¿Por qué el Gobierno vasco quiere quedarse con la gestión de un presupuesto como el de la Seguridad Social a sabiendas de que tiene uno de los mayores déficits de la caja territorializada y que así continuará durante muchos años teniendo una dinámica demográfica muy desfavorable? El interés por parte del País Vasco de gestionar la Seguridad Social está sustentado en sólidas razones de fondo que van más allá de los compromisos políticos de apoyo al actual Gobierno y también a lo acordado en los sucesivos traspasos de competencias contemplados en el Estatuto de Autonomía y en las rondas posteriores.
En primer lugar, se trata de obtener la competencia más importante en términos monetarios que aún tenía el Estado en territorio vasco, incluso a pesar de que dicho traspaso no incluya capacidad normativa. Sólo la mera gestión de los cobros y pagos a corto plazo es un mecanismo financiero al que se le puede sacar partido para el manejo ordinario de los recursos públicos y, al mismo tiempo, buscar mecanismos que permitan una gestión ordenada que genere ahorros. También, por la experiencia que tiene el Gobierno vasco en la gestión de ayudas y prestaciones sociales, puede generar un sistema más eficiente que el actual, menos costoso y con más eficacia, además de mayor control, inspección y auditoría tanto del gasto como de los ingresos.
Daría la posibilidad de dotarse de instrumentos para una integración de todas las políticas sociales asociadas
Dado que la Seguridad Social gestiona prestaciones que en estricto sentido no son contributivas, la experiencia vasca en materia de líneas de bienestar social ayuda para sofisticar los programas y hacer llegar el dinero hacia quienes realmente más lo necesitan. Esto es lo que reflejan rankings como el último Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de 2018 donde el País Vasco se coloca como la región con mejor puntuación gracias a elementos como la ordenación de las ayudas, la cobertura efectiva de las prestaciones y, evidentemente, la dotación presupuestaria en porcentaje del PIB. Por tanto, una gestión eficiente no sólo es para realizar los pagos de las prestaciones, sino que también daría la posibilidad de dotarse de instrumentos adecuados para una integración de todas las políticas sociales asociadas y dar una lógica de conjunto necesaria no sólo en Euskadi sino también en el conjunto de España.
A pesar de estas potenciales ganancias económicas y sociales, el temor de que a medio plazo se le dé a la administración autonómica competencias para modificar al alza o a la baja tanto cotizaciones como pensiones, ha estimulado el discurso de la "ruptura" de la caja única de la Seguridad Social. A lo largo de los últimos años han sido varias las ocasiones en las que el PNV ha pedido poder para legislar sobre bonificaciones en las Cotizaciones a la Seguridad Social y otros beneficios fiscales a la contratación, con lo cual, con capacidad para jugar con los ingresos y gastos de la caja común.
Sin embargo, tras varios casos como fue el de las "vacaciones fiscales" donde la Justicia europea marcó los límites de qué debe entenderse como competencia fiscal desleal (es decir, modificar normativas que perjudican a la caja común mientras que benefician a una parte), la aspiración de legislar de forma competitiva sobre tributos que forman parte del sistema común decayó, pero ahora se vuelve a abrir una ventana de oportunidad para articular mecanismos que permitan ahorros de costes sociales no tanto en la rebaja de cotizaciones (hoy por hoy imposible) pero sí en elementos de cierta discrecionalidad administrativa como el papel de la Seguridad Social en la reestructuración de sectores productivos, reconversión de empresas, expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones o potenciación de figuras como la "jubilación activa".
En definitiva, el control de los costes de las empresas vascas es un objetivo básico para el Gobierno de Íñigo Urkullu, el cual ha promovido varias rebajas del impuesto de Sociedades por parte de las Haciendas Forales hasta situar el tipo general en el 24%. La otra partida más gravosa para las empresas es el coste energético, el cual está en plena negociación con el Gobierno para la aprobación por ejemplo del Estatuto de la Industria Electro-intensiva. Por tanto, la última de las parcelas es la de los costes sociales, fuente de pérdidas de competitividad de las empresas vascas (y del conjunto de España) con un sobrecoste del 29,9% sobre el salario bruto.
En segundo lugar, se pretende construir por parte del Gobierno vasco un sistema a la medida de una realidad social incontestable y ciertamente preocupante como es el envejecimiento acelerado de la población. El País Vasco registra a día de hoy una de las pirámides de población más preocupantes de España, con un 22,4% del censo mayor de 65 años y una población totalmente estancada en los últimos diez años entre los 2.160.000 y los 2.180.000 habitantes. La proyección demográfica que hace el Eustat (Instituto de Estadística vasco) para 2031 eleva el porcentaje de población mayor de 65 años al 28,2%, mientras que el de los más jóvenes (por debajo de los 19 años) cae hasta el 17%.
Tiene la industria más profesionalizada, la más arraigada y la más capitalizada de toda España
Por tanto, es clave tener una base empresarial competitiva para mantener salarios elevados que reporten cotizaciones elevadas y de esa forma la ratio afiliado-pensionista no caiga por debajo de 1 para 2031. En la actualidad, la ratio está por debajo de 2 (1,88 según los últimos datos publicados por la Seguridad Social), muy inferior a la media del conjunto de España (en torno a 2,25).
Por último, el Gobierno vasco piensa siempre en términos globales, no sólo en el sistema público de pensiones. Hay que tener en cuenta el sistema privado, en el cual tiene la industria más profesionalizada, la más arraigada y la más capitalizada de toda España. A la industria de fondos de inversión y planes de pensiones individuales se unen los planes de pensiones de empleo y sus entidades gestoras: las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Según los datos de Inverco de cierre de 2018, el ahorro privado vasco se sitúa en el 37,4% del PIB regional, muy por encima de la media nacional.
Sólo las EPSV del sistema de empleo suponen un volumen de patrimonio de 13.529 millones de euros pertenecientes a casi medio millón de partícipes (el total de ahorradores en fondos es de 1,23 millones de personas). Al igual que el sistema de Seguridad Social, las prestaciones (400,8 millones de euros) son superiores a las aportaciones (305,56 millones) hasta noviembre de 2019 según datos de la Federación de EPSV. Sin embargo, con el volumen acumulado se puede gestionar la situación.
Mientras que en el caso del sistema público en el mismo período, las prestaciones sobre todo pensiones de jubilación (8.766 millones de euros) son superiores a las cotizaciones (5.093 millones), con lo cual la caja tiene un déficit de 3.673 millones de euros según la Tesorería de la Seguridad Social, siendo la Dirección Provincial más deficitaria la de Vizcaya, seguida de Guipúzcoa y por último Álava. La base patrimonial de ahorro, por consiguiente, sirve de 'colchón' de futuro mientras el camino a recorrer con esta transferencia de la gestión sea el de servir de palanca para fortalecer la base empresarial y, con ello, mantener los niveles de cotización.
