La Comisión Europea ha iniciado los mecanismos de consulta para elaborar el primer boceto de salario mínimo en la Unión Europea y, con ello, ha generado una ola de rechazo en los países nórdicos, que ven en esta intentona una amenaza para sus modelos laborales de fijación de sueldos, una excepción dentro del territorio comunitario.
Desde que llegó al trono de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen prometió un salario mínimo para los trabajadores de la UE. El momento de la promesa fue julio de 2019, cuando estableció una agenda social de 100 días...que empezaron a contar el 1 de noviembre, día en que tomó posesión del cargo. La dirigente alemana no ha perdido el tiempo: a principios de enero encomendó al luxemburgués Nicolas Schmit la tarea de consultar a diferentes agentes sociales con el objetivo de ir trazando el diseño de ese particular SMI europeo, que apunta a ser aproximadamente el 60% de los sueldos medios de cada país. Y ya tiene las primeras señales de rechazo.
Provienen de los países nórdicos, que suponen una excepción en el panorama laboral europeo. Su fijación de sueldos (Dinamarca, Suecia y Finlandia son tres de los seis países de UE que no tienen salario mínimo) responde a la negociación colectiva y los convenios de cada sector, ideas alejadas de lo que sucede en los otros 22 países de la Unión.
El temor de los países nórdicos, compartido por patronal y sindicatos, es que el establecimiento de un salario mínimo comunitario repercuta negativamente en los sueldos de sus trabajadores, que los pueda recortar o que pueda crear una jurisprudencia contra su propio modelo, que se quedaría al margen de la política laboral de la UE.
Se trata de una amenaza ante la cual la Comisión Europea ha querido salir al paso. En el texto de consultas aprobado por el organismo, se garantiza que el establecimiento de salarios más justos para los trabajadores europeos se haría "respetando las tradiciones nacionales, la autonomía de los agentes sociales y la libertad de la negociación colectiva".
Sin embargo, en los países nórdicos se mantienen las reticencias. El ministro de Trabajo danés, Peter Hummelgard, se mostró a favor de la mejora de condiciones de los trabajadores, "sin socavar los modelos de negociación colectiva que funcionan".
Pero no solo los dirigentes: los sindicatos tampoco desean la fijación de un salario mínimo. La Organización Central de Sindicatos Finlandeses ha avisado en los últimos meses de que una ley es, en su opinión, demasiado rígida para regular los salarios. Y, tal y como refleja EFE, sindicatos suecos como 3F o daneses como LO se han posicionado en contra de esta posible medida, con el argumento de que los trabajadores podrían correr el riesgo de exponerse a cobrar menos, ya que en función de los convenios, diferentes sectores laborales cobran por encima de ese 60% del salario medio del país que barrunta la Comisión Europea como mínimo.
Muchos países temen que un SMI europea pueda reducir su competitividad...pero España comienza su camino para dejarlo en el 60% del salario medio nacional
Los países nórdicos encabezan la protesta contra los planes de Von der Leyen, pero no son los únicos. Las razones son múltiples: los territorios de salarios mínimos más bajos temen perder competitividad laboral y otros muestran su escepticismo al no tener salarios mínimos prefijados. En general, el cambio de paradigma hace reticentes a muchos países de la Eurozona.
España ha dado los primeros pasos de manera unilateral. Tras subir el salario mínimo a 900 euros en 2019 (un 22%), el nuevo año fue recibido con una subida del 5,5%, hasta los 950 euros. El acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición establece que el salario mínimo debe estar en el 60% del salario medio del país al final de la legislatura, en menos de cuatro años.
