Valencia
"Yo no soy radical en casi nada". La frase la pronuncia el presidente Extremeño, Guillermo Fernández Vara, preguntado por elEconomista sobre la decisión de la Junta de volver a confiar en la colaboración público-privada para la gestión del Hospital de Santa Justa (Villanueva de la Serena, Badajoz). La concesión municipal expiraba y el ayuntamiento de la localidad -también del PSOE- optó por volver a licitar este centro, que atiende tanto a pacientes privados como a los derivados de sus acuerdos de colaboración con el Servicio Extremeño de Salud. Curiosamente, la firma que se impuso en el proceso fue Ribera Salud, denostada en la Comunitat Valenciana de Ximo Puig. La hoja de ruta del socialista valenciano es bien distinta: revertir a la gestión pública las concesiones que expiran, funcionen bien o mal.
"Yo soy presidente de las clínicas públicas y de las privadas, como lo era cuando fui consejero de Sanidad durante 12 años", asevera Fernández Vara. "Al ciudadano le da igual quién ofrezca el servicio, lo que quiere es que le atiendan bien", agrega en la misma línea. El escenario de su autonomía es distinto al de la de Puig. La Comunitat Valenciana apostó por incrementar su red de atención sanitaria mediante concesiones a empresas para la gestión de departamentos completos de salud del sistema público, si bien en Extremadura el grueso de la población la atienden los 13 hospitales públicos de las 8 áreas existentes, según detalla su presidente.
Fernández Vara, no obstante, se muestra muy "satisfecho" con "la colaboración privada" en Extremadura. "Sacamos hace tiempo un concurso para que se homologuen las firmas privadas que quieran atender nuestra lista de espera, que por ley no puede ser superior a 6 meses. Recurrimos a ellos cuando tenemos necesidad y creemos que está funcionando bien", relata. Y el hospital de Santa Justa, cuya concesión expiraba, es precisamente uno de los que cumplen esta función.
La adjudicación del centro a Ribera Salud la comunicó la propia compañía la semana pasada. La misma, aprobada en la junta de Gobierno local de Villanueva de la Serena celebrada el pasado viernes 13 de diciembre, consiste en el "arrendamiento del inmueble para uso sanitario". El período de vigencia será de diez años prorrogable a otros diez. Por el arrendamiento del mismo Ribera Salud deberá pagará anualmente una renta de cerca de 200.000 euros al Ayuntamiento socialista.
El hospital de Santa Justa, gestionado hasta ahora por Quirón Salud, es un centro pequeño. Cuenta con 29 camas de hospitalización, 8 camas REA-Observación, 5 habitaciones individuales, 3 quirófanos, 9 salas de consultas externas, Urgencias 24 horas, 1 sala de curas, Radiología convencional, Laboratorio de Análisis Clínico y Sala de Rehabilitación. Su plantilla es de 31 profesionales sanitarios.
Según precisó Ribera Salud, la localidad culminó con la adjudicación "un proceso que comenzó en enero de este año con el inicio del expediente y que era necesario para sacar a licitación el mencionado arrendamiento del inmueble". "Se consigue mantener el servicio sanitario que este centro presta y mantener los puestos de trabajo del centro sanitario", indicó la empresa.
Diversificación
La participación de Ribera Salud en este proyecto representa su primera experiencia en Extremadura. Según la enseña, "responde a su voluntad de expansión en un sector estratégico en crecimiento y a su diversificación dentro del sector, tanto en proyectos que exploran diferentes fórmulas de colaboración público-privada, como a través de nuevas líneas de trabajo".
"Queremos seguir trabajando por la salud y el bienestar de los ciudadanos, adaptando nuestro modelo sanitario a las necesidades que cada proyecto requiera, aportando valor a la sociedad y respondiendo a los retos que la sanidad nos exige", manifestó Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud.
En efecto, la empresa se encuentra en pleno proceso de diversificación tras el golpe de perder la concesión de La Ribera en la provincia de Valencia, la que dio origen al denominado 'modelo Alzira', y dada la intención del Gobierno Valenciano de revertir también la del Hospital de Torrevieja, que expira al cierre de 2021. Según denuncia la mercantil, la Generalitat está revirtiendo las concesiones pese a los buenos resultados de las mismas. Para prestar el mismo servicio la administración ha realizado más de 644 contrataciones en Alzira, y los sindicatos han iniciado acciones legales contra la Conselleria de Sanidad ante lo que consideran una discriminación entre el personal laboral y el estatutario.
