La última estimación de la auditora PricewaterhouseCoopers sobre el crecimiento de la economía colaborativa apunta que para 2025 generará ingresos de más de 80.000 millones de euros en Europa, 55.000 millones más que en 2015, un mercado de propensión ascendente que en España hace que se multipliquen las operadoras de este tipo de modelo económico. Sin embargo, los expertos afirman que hay mucho que hacer y regular para evitar situaciones incoherentes o ilegales.
El estudio 'Monográfico sobre la economía colaborativa' elaborado por la asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC) en 2018 confirmaba esta tendencia al alza al apuntar que el 57% de los españoles había utilizado alguna plataforma online de economía colaborativa en el último año y que el 60% tenía intención de utilizarlas en el futuro.
Fuente: AECOC Innovation Hub
Según dicho informe, las más utilizadas (un 47% de los usuarios de estas aplicaciones) son las de compra-venta de productos de segunda mano como Wallapop o Milanuncios, seguidas (13%) de las de búsqueda de estancias cortas durante vacaciones, como Airbnb, o las de compartir coche o moto como BlaBlaCar (11%). Las últimas de la fila serían las plataformas de alquiler de habitaciones en pisos compartidos, como Badi o Habitoom, (5%) o las utilizadas por quienes buscan contratar servicios de canguro para mascotas, como Dogbuddy, o para alquilar productos entre personas que se encuentran en una misma zona geográfica, como Ralendo, ambas con un 3% del total de usuarios de la economía colaborativa, en su mayoría jóvenes de entre 25 y 34 años.
"Las plataformas digitales acaban modificando la naturaleza y las características de ese intercambio"
Este auge requiere de medidas. Según Josep Lladós, profesor agregado de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, "las plataformas digitales que facilitan el intercambio de bienes y servicios se van apropiando, de una forma creciente, del grueso del valor que generan en el intercambio. Y al mismo tiempo, también acaban modificando la naturaleza y las características de ese intercambio debido a que se difumina parte de la percepción de comunidad, de la sensación de reciprocidad y de lo que es realmente un intercambio entre particulares, hasta el punto de que en algunos casos de lo que hablamos es de economía pseudocolaborativa".
La novedad de este sistema propicia, según Lladós, la aparición de competencia desleal (intrusismo de algunas empresas que ofrecen servicios como si fueran un particular), incongruencias como la de operar en un mercado regulado sin regulación expresa para estas plataformas, preocupación por la protección de datos de los usuarios o por los derechos laborales de quienes son contratados para proveer estos servicios.
Para Lladós, es necesaria una regulación que pasa por incentivar este tipo de mercado (por los beneficios sociales y económicos que genera), por garantizar una mayor transparencia (especialmente en torno a la fiscalidad) y por distinguir los servicios por tipos ("no todos son profesionales, tienen un objetivo de lucro ni responden a una finalidad comercial").
"La UE debería apoyar la innovación, la competitividad y las oportunidades de crecimiento que ofrece la modernización de la economía"
En este sentido se pronunció la Comisión Europea al aprobar en junio de 2017 la Agenda Europea para la economía colaborativa que incluía que ante "los importantes beneficios" que esos nuevos modelos de negocio pueden aportar, Europa debería estar dispuesta a aprovechar estas nuevas oportunidades.
El documento, que puede consultarse aquí, anima a la UE a "apoyar proactivamente la innovación, la competitividad y las oportunidades de crecimiento que ofrece la modernización de la economía" pero recuerda que "es importante garantizar condiciones de trabajo justas y una protección social y de los consumidores adecuada y sostenible".
