El estriptis para los altos cargos de Castilla y León inquieta a la patronal

Desde hace unos días, los 101 altos cargos que forman parte de la Junta de Castilla y León deben hacer públicas sus agendas de trabajo, según las nuevas medidas de transparencia puestas en marcha por el Ejecutivo regional. La iniciativa ha puesto en alerta a la patronal de la Comunidad, que advierte que puede suponer un freno a las inversiones porque los empresarios quieren la "salvaguarda" de sus proyectos a la competencia.

El acuerdo 185/2019, de 14 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, sobre publicidad de las agendas de trabajo de los altos cargos de la Administración de la Comunidad y sus entidades adscritas, promovido por el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, exige como de "obligado cumplimiento" que los cargos directivos del Ejecutivo incluyan el contenido de su agenda en un portal web habilitado específicamente para ello.

La mejora de la transparencia de los cargos públicos es una de las medidas que PP y Ciudadanos incluyeron en el pacto que suscribieron para gobernar en coalición Castilla y León y que abrió la puerta a la Presidencia de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco.

El acuerdo, ya en marcha, establece que deberán hacerse públicas las reuniones, tanto presenciales como en otros formatos electrónicos o a distancia, mantenidas por los altos cargos en el ejercicio de sus funciones con otras personas, físicas o jurídicas, entre ellas las empresas privadas.

"Documentos aportados"

En la agenda colgada en el Portal de Transparencia se deberá identificar a los directivos de las empresas participantes, junto con una descripción de la reunión. El striptease no queda ahí, sino que además podrán publicarse el orden del día y los documentos aportados por las personas asistentes.

La Administración establece, no obstante, dos excepciones para la publicación de las reuniones: cuando "quede debidamente acreditado" que pueda generar un riesgo para la seguridad de las personas o pueda provocar "perjuicios económicos o comerciales", como se recoge en los artículos 14 y 15 de la ley nacional 19/2013.

Será el departamento de Francisco Igea, el que decidirá finalmente en qué casos se aplican las excepciones y se sustituye la publicación por una comunicación al Consejo de Gobierno.

Freno a las inversiones

La nueva normativa ha causado recelos en la patronal de Castilla y León, cuyo presidente, Santiago Aparicio, advierte de que hay que "pensarse dos veces la publicación de la reuniones, porque puede frenar de forma brusca la captación de inversiones, sobre todo de las importantes".

El presidente de Cecale asegura que si hay que publicarlo será un "trastorno importante para los empresarios, porque hasta que no tienen aprobado todo el proyecto de inversión son muy cautelosos, muy mirados para todos sus temas, los estudian profundamente y pueden tener cuatro, cinco o seis reuniones antes de tomar la decisión de instalarse. Por eso, hasta que el proyecto vea finalmente la luz y haya una decisión firme de realizarlo, hay que salvaguardarlo de la competencia".

De hecho, Aparicio recuerda que muchas veces el empresario no aparece públicamente "hasta que está todo montado y va a comenzar la producción".

En este sentido, advierte que los empresarios a la hora de emprender una inversión "no solo miran Castilla y León, sino a otras comunidades, porque hay mucha competencia en la captación de proyectos empresariales, sobre todo industriales. Se van a perder muchas oportunidades. Hay que confiar plenamente en alguien que va a crear riqueza y puestos de trabajo".

No en vano, el líder de la patronal recuerda que de 100 inversiones con posibilidades reales de ser captadas en Castilla y León "es posible que solo salgan una o dos como mucho. La gente se lo piensa mucho, porque tiene que ser una zona con precio bueno del suelo, con infraestructuras adecuadas alrededor y sobre todo tienen que salir los números. Nadie quiere que se sepa nada hasta que esté totalmente aprobado".

Aparicio deja claro que "me parece bien que haya transparencia en muchos temas, pero nos estamos pasando. Donde tiene que haberla es en las cosas que hace el Gobierno regional, que está utilizando fondos públicos, "pero no meter a un inversor que quiere salvaguardar su proyecto hasta que esté madurado".

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