A grandes males, grandes remedios. Mañana entra en vigor un nuevo decreto ley que dota al Gobierno de competencias excepcionales para poder tumbar una eventual república digital catalana. Entre las nuevas atribuciones del Ejecutivo sobresale el posible cierre inmediato de las webs, aplicaciones y servicios online que considere lesivas para el orden y seguridad pública, así como para la seguridad nacional. Para llevar a cabo esta actuación, el Ejecutivo no necesitará la autorización de un juez, sino que bastará el criterio del Ministerio de Economía y Empresa para llamar a las puertas de los proveedores de acceso a Internet, acceder a las redes y atajar cualquier foco de amenaza. La misma actuación afectaría a la red neutral desplegada por la Generalitat catalana, formada por 382 kilómetros de fibra óptica.
Esta estrategia para evitar la propagación de actividades ilícitas -como una supuesta República Digital Catalana- a través de la red formó parte de los argumento esgrimidos por Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno, durante el debate electoral del pasado lunes.
Inspirado en el artículo 155, que proporciona al Estado de un mecanismo coactivo para que las comunidades autónomas cumplan la Constitución, el Ejecutivo ha trasladado la aplicación de un estado excepción al ámbito digital. Entre otras posibilidades, y sin necesidad de disponer de una orden judicial, el Ministerio de Economía y Empresa podría exigir a los operadores de telecomunicaciones la "gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales".
Con el nuevo marco jurídico, que hoy publica el BOE, las redes online no se escaparán de la estrategia de seguridad nacional, de forma que el ciberespacio no sea territorio impune para la comisión de actividades ilícitas. Entre otras novedades, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez impone que los servidores que contengan datos sensibles –como los correspondientes al censo o el padrón- de los ciudadanos españoles estén alojados en territorio europeo, así como conocer la ubicación de los mismos. Con este movimiento, el Gobierno prevé evitar la impunidad de ciertas herramientas online cuyo funcionamiento depende de centros de datos situados en países ajenos a los controles y regulaciones de la UE.
"Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación"
La redacción del decreto no alude explícitamente al asunto catalán, pero sí deja claro el sentido del mismo: "los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos".
Por todo lo anterior, el Gobierno español ha cambiado la actual regulación en materia administración digital para concederse nuevas facultades extraordinarias para dotar al Ministerio de Economía y Empresa, -mediante resolución sin audiencia previa- de la posibilidad de cesar la "presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia". Entre otros supuestos, estas circunstancias provisionales pretenden atajar que la actividad infractora produzca perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública o supongan una amenaza "inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional". Entre las nuevas facultades "excepcionales y transitorias" del Ejecutivo, garantizadas ahora por la ley, y siempre en defensa de la seguridad nacional, la Administración General del Estado podrá gestionar o intervenir directamente "cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público".
Reacción de la Generalitat
El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, afirmó ayer a través de un comunicado que el referido real decreto-ley "se carga el modelo digital del estado de las autonomías" y que el gobierno utiliza "la seguridad nacional para intentar bloquear el proyecto digital de país que se está impulsando desde el Gobierno de Cataluña, a través de un un 155 por la puerta trasera".
Puigneró ha anunciado una ofensiva en todos los ámbitos jurídicos y políticos para defender las competencias del Gobierno de Cataluña en el ámbito digital. El representante del Gobierno catalán también adelantó su disposición a recurrir a instancias europeas ya que el asunto "podría vulnerar reglamentos y directivas de la UE en el ámbito de los derechos digitales". Por lo pronto, Puigneró ha encargado un informe a los servicios jurídicos centrales de la Generalitat y también al Consejo de Garantías Estatutarias para, posteriormente, plantearse un recurso al Tribunal Constitucional. En su ataque a la medida, el mismo consejero ha indicado que la medida "acerca más a las prácticas de otros países como China que en un estado de la Unión Europea".
