La joven democracia española afronta entre hoy y mañana uno de sus momentos cruciales, de una trascendencia hasta ahora inédita. La propaganda independentista se emplea a fondo en estas horas decisivas para convertir en un nuevo ejemplo de presunta represión lo que no es más que la aplicación de un precepto de la ley más elevada de nuestro ordenamiento jurídico. Un artículo que se basa en la textualidad de la Constitución alemana, que en su artículo 37 dice:
"Si un Estado no cumpliere las obligaciones federales que le incumben con arreglo a la Ley Fundamental o a otra Ley Federal, podrá el Gobierno Federal, con el asentimiento del Consejo Federal, adoptar las medidas necesarias para imponer a dicho Estado el cumplimiento de sus deberes mediante la coerción federal".
La similitud de esta redacción con el texto del artículo 155 de la Constitución española prueba que se usó como inspiración y modelo. El lector concluirá si ese modelo, basado en la arquitectura jurídica de una de las más sólidas democracias mundiales, es adecuado o no.
La sensación de vértigo que todos tenemos, máxime los dirigentes políticos que están llevando a cabo la aplicación de la legalidad, se basa en que es un camino que nadie ha recorrido hasta hoy en todos estos años de floreciente democracia. No conocemos exactamente la forma en que se debe aplicar, se irá haciendo camino al andar, ni conocemos las repercusiones que tendrá. Pero existe la seguridad de que es lo que se debe hacer, lo que dicta la legalidad emanada del pueblo español. Lo que mañana ocurrirá no será una suspensión de la autonomía, sino una restauración del autogobierno derogado de facto por los independentistas con sus dos leyes inconstitucionales y su simulacro de referéndum sin garantías.
La confusión buscada por Puigdemont sobre si se ha declarado o no la independencia no debe confundir al gobierno y al PSOE, máximos responsables del pacto constitucional por ser los actores mayoritarios en el arco parlamentario actual. No ha contestado al requerimiento del gobierno para aclarar si lo que hizo el 10 de octubre desde la tribuna de oradores del Parlament fue o no declarar la independencia. Ahora amenaza con promover una votación para declararla, pero unas líneas más arriba sostiene que está suspendida como gesto de buena voluntad. El presidente catalán ha inventado la suspensión de algo inexistente, en ese caso.
El apoyo de los líderes europeos a la solución constitucional es la gran noticia de estas horas previas a la activación del mecanismo legal. No sólo el de los más conocidos, Macron, Merkel, Tajani, Juncker o Tusk. Un desconocido Miro Cerar, primer ministro esloveno, ha desactivado los intentos separatistas de poner como ejemplo la independencia de su país: España es una democracia, Yugoslavia no lo era en aquellos nefastos años 90. Cataluña no es ningún territorio sojuzgado ni reprimido por un Estado autoritario, por muchos videos que lo sostengan. Y Putin ha terminado de ayudar en la dirección contraria de lo que pretenden sus milicias digitales, que tanto han ayudado a la causa antiespañola.
Entidades
