El gasto público en salarios romperá un nuevo techo en 2020. Después de haberlo hecho ya en 2018 y en 2019, el próximo año las Administraciones Públicas marcarán un nuevo récord histórico de inversión en remuneraciones a merced del pacto con los sindicatos para subir los sueldos a los funcionarios, un acuerdo por el que esta partida crecerá, como mínimo, un 2%, hasta alcanzar los 136.030 millones de euros.
No siempre el gasto en funcionarios ha tenido tan buena salud. Con motivo de la crisis de hace unos años, todas las Administraciones llevaron a cabo importantes reducciones de esta partida que provocaron que cayera más de un 7% en 2012, uno de los años más duros para la economía española y en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó a cabo importantes recortes. Entre ellos una congelación de sueldos públicos que fue finiquitada por el propio Ejecutivo popular en 2018, que tras el correspondiente acuerdo con las organizaciones sindicales gestó las subidas salariales que están llegando de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez en 2019 y, tal y como ha prometido el dirigente socialista, en 2020.
De hecho esta medida es una de las principales razones de que 2019 vaya a cerrar con un crecimiento del gasto salarial público del 4,4% respecto a 2018, según las estimaciones enviadas por el Gobierno a Bruselas, un alza que es la más elevada desde 2008. Con todo, no es la única causa.
Impacto electoral
No es casualidad que el mayor incremento de la inversión en salarios públicos en diez años se haya dado en 2019, uno de los periodos con más citas electorales de la historia de España. Si contamos el 10 de noviembre, los españoles habrán acudido a las urnas en este 2019 hasta en tres ocasiones: las elecciones del 28 de abril y su repetición de este domingo y los comicios locales, autonómicos y europeos del 26 de mayo.
Ello ha provocado una importante subida, también, de las partidas de gasto en salarios de las autonomías, que hasta agosto crecieron un 6,1% respecto al año pasado. En cualquier caso, hay regiones que quedan muy por encima de esa medida. Son los casos de País Vasco y Extremadura, territorios en los que el incremento salarial es del 11,2% y de casi un 9%, respectivamente. En el caso del Estado también se nota el fenómeno electoral, con un gasto en salarios sube incluso más que en las autonomías, con un 6,2% más.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de que habrá un colapso de los servicios de la Seguridad Social en los próximos cinco años si no se renuevan sus plantillas
Sin embargo, lo cierto es que estos incrementos de gasto están, hasta cierto punto, compensados en relación con el PIB. Lo cierto es que la buena evolución y el crecimiento de la economía permiten que, a pesar de las sucesivas alzas, la proporción de PIB que las Administraciones Públicas destinan a salarios sea inferior a la de los años de crisis.
De esta manera, la partida se quedaría en el 10,7% del PIB tanto este año como el próximo, una proporción superior a la de 2018 pero varias décimas por debajo de las de los años de crisis económica, cuando el gasto público en salarios no bajó del 11% del PIB. Para ello habría que esperar a 2016.
Con todo, todavía se desconoce cómo se va a incrementar el alza salarial pública del próximo año. Por lo pronto se descarta que la subida se pueda aprobar por real decreto-ley (RDL) si no hay Ejecutivo en plenitud de funciones antes de que acabe el año. Es decir, que es posible que no se pueda dar luz verde a esta medida hasta 2020.
En l a Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) esta situación no gusta. Auguran movilizaciones si no se aprueba el correspondiente RDL asegurando que el Ejecutivo puede hacerlo "al igual que el año pasado pese a que los Presupuestos se encontraban también prorrogados".
Ofertas de empleo
Por otro lado, queda por ver el impacto de las sucesivas ofertas públicas de empleo aprobadas tanto por el Gobierno central como por los autonómicos y que están todavía por desarrollarse. De hecho, en marzo el Consejo de Ministro aprobó la mayor de los últimos 11 años, con 33.793 plazas de las que más de 5.254 corresponden a la estabilización de empleo temporal.
En concreto, 20.781 plazas son para la Administración General del Estado (AGE), 1.814 a las fuerzas armadas, 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 383 plazas que se convocaron ya en febrero en previsión del efecto del Brexit, que todavía no se ha producido. Según indicó el Gobierno entonces, el objetivo era el de reforzar los servicios de atención al ciudadano y rejuvenecer las plantillas de la Administración.
Se prevé que el 51% del personal de la AGE se jubile durante la próxima década
En la actualidad, la plantilla de la AGE es de 135.476 funcionarios, con una edad que prácticamente ronda los 52 años, diez años más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5 años. A esto se suma que es previsible que algo más del 51% del personal se jubile en los próximos diez años, cifra que asciende hasta el 62% en el caso de los auxiliares administrativos.
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