Madrid
Tras realizar 27.618 actuaciones de control sobre las grandes empresas, patrimonios y economía sumergida, el Ministerio de Hacienda ha conseguido regularizar las bases imponibles a las grandes tecnológicas por un importe superior a 1.500 millones de euros; una actuación que es muy difícil repetir. Con ello ingresó cuotas tributarias de 400 millones, y aseguró para los próximos años bases imponibles por más de 500. Las actuaciones de la Agencia Tributaria en 2018, en prevención y lucha contra el fraude, registraron una recaudación de 15.089 millones, lo que supone un 2% más que el año anterior. Los ingresos inducidos por actuaciones de control, alcanzaron 599 millones, por encima de 571 en 2017.
La ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha declarado ante los datos que, por fin, dio con la "medida acertada" de crear la unidad de control de grandes patrimonios, especializando el seguimiento de grandes empresas con entramados societarios. Los resultados directos alcanzados el año pasado por sus funciones contra el fraude se sitúan en 14.490 millones, un 1,9% más, destacando el resultado obtenido por ingresos de liquidaciones y gestión recaudatoria subió un 2% con 8.015 millones.
La AEAT cerró 2018 con la liquidación de 347,5 millones a contribuyentes con grandes patrimonios en un total de 494 expedientes, un 44% más que el anterior. Insistiendo en que la Administración dedica "gran parte" de sus recursos al fraude "más sofisticado" en ingeniería fiscal, permitiendo aflorar cantidades de fraude superiores. Sus esperanzas radican en que se conforme Gobierno con plenas funciones y se refuerce la plantilla para retomar la Ley de lucha contra el fraude, que incluye la prohibición de amnistías fiscales o la limitación a 1.000 euros del importe de los pagos en efectivo. Aseguró que "no hay ninguna campaña dirigida a ningún colectivo en concreto", haciendo referencia a los trabajadores autónomos, con independencia de que si se detecta fraude "se corrige", y aseguró que cuentan con la "protección" del Gobierno en derechos y prestaciones.
Respecto a la lucha contra la economía sumergida, el año pasado realizó cerca de 3.000 actuaciones inspectoras de ventas ocultas, con una regularización de cuotas por importe de 719 millones. Continuó el plan de visitas, con 31.095 actuaciones presenciales (peinados), más de la mitad correspondientes al IVA (15.707 expedientes, un 6,9% más).
La AEAT calcula que el efecto inducido del envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores supuso, en tres años, un incremento de más de 122.000 declarantes, con una mayor base imponible declarada de 1.346 millones, que explicaría el 57% del aumento de los rendimientos inmobiliarios del periodo. En la Renta de 2017 se realizaron casi 700.000 avisos, frente a los 136.600 de 2016.
