
Los trabajadores asalariados españoles aportan cada año más de 7.000 euros para colmar las arcas de la Seguridad Social, en concepto de cotizaciones obligatorias. Esto, teniendo en cuenta que el salario anual bruto medio por cada empleado se situó en 2018 en los 23.003,23 euros -un 0,9% más que en el año anterior-, supone una retención a favor del Estado del 30,4% de la renta final percibida durante todo un año de trabajo realizadas deducciones.
Esta, la del esfuerzo que realizan los españoles periódicamente con sus aportaciones al sistema encargado de pagar las pensiones de jubilación en nuestro país, es una de las principales lecturas que deja la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada por el INE este mismo miércoles en la que se refleja como los costes laborales para los empresarios mantienen la senda ascendente de los últimos años. Concretamente, según el informe, el coste laboral bruto por trabajador alcanzó el pasado año 2018 los 31.085,76 euros, lo que supone un aumento de los mismos en tasa interanual del 1,1%.

En este sentido, desde el punto de vista del empresario, esos más de 23.000 euros brutos al año que percibió cada asalariado español en el último año implica la mayor parte del coste total para el empleador, un 74% del total. Por su parte, los más de 7.000 euros que se destinan al erario público suponen un 23,1% del total de los costes por trabajador que soporta el empresario. De hecho, ambas partidas suman un 97,1% de todos los costes.
Retención 'adicional' del 3,8%
Sin embargo, no todos lo que dejan de percibir los trabajadores va destinado a la Seguridad Social y a la financiación del sistema público de pensiones. Otro 3,8% adicional sobre el sueldo bruto anual percibido está destinado a partidas relacionadas con beneficios sociales -cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social- por valor de 411,9 euros al año; otros 208,7 euros para gastos derivados del trabajo -indemnizaciones por fin de contrato, transporte, etc-, además de 192,1 euros de indemnización por despido y 82,3 de formación profesional. En suma cerca de 895 euros que tampoco verá percibidos como renta el trabajador, y que por contra implican costes para el empleador.
Atendiendo los diferentes sectores de actividad económica, la Industria tuvo en 2018 el mayor coste total neto por trabajador, con 37.235,53 euros. Dicho coste se incrementó un 0,9% respecto al año anterior, con aumentos del 0,4% en el coste salarial y del 2,1% en el no salarial. Por su parte, la Construcción experimentó el mayor incremento del coste neto respecto al año anterior (un 1,4%). En este sector destacó tanto el crecimiento del coste salarial (1,4%), como el del no salarial (1,2%).
En el lado contrario, el sector Servicios presentó los menores costes laborales. Respecto al año anterior, su coste neto subió un 1,2%, con aumentos del 1,0% en el coste salarial y del 2,0% en el no salarial.
Desfase de productividad
Tal y como apuntan los expertos consultados por elEconomista a cerca del avance de los salarios, si bien la recuperación de los mismos se está produciendo de forma pausada, el incremento está desacompasado con el aumento de la productividad de las empresas de nuestro país, lo que dibuja un cuadro de pérdida de competitividad con el resto de potencias del entorno letal para los intereses de la economía española.
Cabe recordar que mientras que de 1995 a 2018 la productividad por hora trabajada ha aumentado en España un 17,5%, en la eurozona el crecimiento ha sido del 30,7%, siendo aún mayor en la UE (37,1%) y Estados Unidos (46,5%). Eso, unido a que en el último año el desempeño en productividad para nuestro país fue tan solo del 0,1% hace que los incrementos de costes en el trabajo impacten directamente sobre el dinamismo de la actividad.
Ejemplo claro es el de las exportaciones, buen termómetro de las consecuencias de la pérdida de competitividad por los factores mencionado y que en el presente ejercicio están presentando un desplome en términos de volumen y de contribución al incremento del PIB. De hecho, el déficit comercial alcanzó los 13.179 millones de euros en los cinco primeros meses del año, cifra un 8,6% superior a la registrada en el mismo periodo de 2018, si bien dicho déficit disminuyó un 2% en el mes de mayo, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.