La ministra de Industria, Reyes Maroto, alertó este jueves de un asunto relevante tras conocer los planes de Nissan de cerrar sus tres plantas en Barcelona el próximo mes de diciembre.
"Tienen que dejar las instalaciones como se las dieron, de ahí el coste económico. Creemos que es imposible que lo hagan", aseveró sobre la planta de la Zona Franca. La dirigente incidió en esta cuestión por tratarse de una de las pocas vías de presión que todavía puede ejercer su Gobierno ante el propósito de la marca japonesa de marcharse.
En efecto, desmantelar una factoría del automóvil como la de Nissan en la Zona Franca de Barcelona no se logra de la noche a la mañana. Ni tampoco sale gratis. El Ejecutivo cifró esta semana el coste de salida en más de 1.000 millones de euros entre indemnizaciones y logística, según recordaba este jueves la ministra. Por ello, y porque al Gobierno tampoco le interesa en absoluto desmantelar la factoría, la dirigente insistió en abordar con la compañía "un proceso que nos lleve a una solución industrial".
"No necesariamente tiene que ser Nissan quien continúe en la planta, podemos ver otros escenarios". Lo importante es que la dirección se siente con nosotros", afirmó en declaraciones a Cadena Ser. "Se pueden abrir otras alternativas, y esperamos contar con la voluntad de la empresa en Japón", agregó Maroto.
Como viene subrayando elEconomista, los terrenos de la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona son de propiedad pública. En concreto, la alquila un consorcio en el que participan al 50% el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir: dos administraciones públicas españolas son el casero de un inquilino que se quiere marchar.
En vista de que la intención de Nissan era marcharse, el Gobierno de España, tal y como reveló el pasado martes elEconomista, ha emprendido una incipiente labor comercial en busca de alternativas para mantener la producción y el empleo en la planta. Por el momento, según ha podido confirmar este diario, el Ejecutivo ya ha sondeado al menos a tres grupos chinos. El Gobierno les ha expuesto las virtudes con las que cuenta la planta para productores asiáticos, tales como la producción en suelo europeo de vehículos eléctricos (la especialidad de China) y su ubicación estratégica junto al puerto y el aeropuerto de Barcelona.
El problema es que, en paralelo, Moncloa pretendía que Nissan mantuviera la actividad al menos uno o dos años en las instalaciones para garantizar una transición suave, algo que no está claro que vaya a producirse tras el anuncio de la compañía de este jueves.
La operación, además de la apuesta decidida de un nuevo fabricante o, en su defecto, un inversor, requeriría del respaldo de la administración pública para facilitar la transición entre Nissan y una nueva empresa, algo que el Gobierno de España está dispuesto a poner sobre la mesa. Un cambio de dueño en una planta como la de Nissan requeriría de plazos holgados para la salida del productor actual y la llegada del nuevo, en concreto, la continuidad de la planta en el espacio en condiciones ventajosas durante uno o dos años. Al respecto, el consorcio que posee el espacio subrayaba recientemente a este diario su máxima disposición para buscar flexibles que permitieran mantener la actividad en el lugar y, en consecuencia, el empleo.
La penetración actual de los modelos chinos es testimonial en el Viejo Continente
Si llegara a producirse la entrada de un fabricante chino, España sería uno de los primeros Estados europeos en contar con la producción de un fabricante del país. Entre los atractivos de la nación para dicho desembarco cabe subrayar el corredor consolidado de exportación de vehículos hacia Europa, algo que permitiría al fabricante colocar sus modelos en el espacio comunitario.
La penetración actual de los modelos chinos es testimonial en el Viejo Continente. En España tan solo dos automovilísticas venden sus referencias. La homologación de los modelos chinos por parte de la Unión Europea se ha convertido en su principal escollo, en particular por la mayor exigencia de los estándares de seguridad que les exige la Unión Europea. Tanto es así que ha habido que esperar hasta 2019 para que los vehículos chinos llegasen a España.
