El sector de la automoción atraviesa por unos momentos que ni siquiera se aproximan a los vividos en los peores ejercicios de la crisis económica. Por ello, el próximo 6 de mayo la industria al completo se reunirá con el Ministerio de Industria y con el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de solicitar un plan de estímulos de hasta 400 millones de euros que permita estimular la demanda tras más de mes y medio de parálisis productiva y comercial.
Además, se presentarán otras medidas recogidas en el plan de choque orientado a mantener la competitividad del sector del automóvil en España y a asegurar su viabilidad en el futuro.
Así, desde la patronal de fabricantes Anfac también defienden la puesta en marcha de una nueva fiscalidad para el automóvil, enfocada al uso y no a la compra, por lo que esto supondría la supresión del impuesto de matriculación. De esta manera, se conseguiría evitar el encarecimiento del dicho tributo que se produciría a partir del próximo 1 de enero de 2021 -debido a la moratoria aplicada por el Ministerio de Industria el pasado 31 de agosto de 2018 con la que se permite correlacionar los valores de CO2 estipulados por el WLTP con los valores de las extintas pruebas NEDC-.
En caso de aplicarse la supresión del impuesto de matriculación y el plan de estímulos, el beneficio sería doble; por un lado, el uso del transporte privado se incrementará debido al temor al contagio en los transportes públicos, lo que conllevaría un aumento de la recaudación por parte del Ejecutivo; por otro, los fabricantes y concesionarios verían mejorar unas cuentas mermadas por la pandemia de coronavirus.
En términos tributarios, la patronal también pedirá al Ejecutivo que los vehículos eléctricos no paguen IVA.
A día de hoy, el sector de la automoción languidece. Tras haber permanecido paradas las fábricas de producción durante un mínimo de 43 días, las líneas se han vuelto a poner en marcha, pero tardará en recuperarse el nivel productivo previo al parón. Desde Anfac consideran que el año cerrará con un descenso de 700.000 vehículos producidos, que supondrá un volumen total ligeramente superior a los dos millones de unidades. Estas cifras colocan la situación en el mismo entorno de fabricación de los peores años de la crisis económica, cuando el dato más bajo de fabricación se situó en los 1.979.000 unidades registrado en 2012.
Las patronales de fabricantes (Anfac) y concesionarios (Faconauto) prevén que las matriculaciones de turismos en 2020 caigan entre un 40% y un 45%, hasta las 700.000 unidades. Este escenario ya tiene en cuenta un periodo de estado de alarma y confinamiento de dos meses, con una desescalada progresiva desde el mes de mayo, y una caída del PIB de entre el 5% y el 6%.
De cara a finales de mayo, el Ejecutivo prepara la segunda edición del Plan Moves de impulso a la movilidad eléctrica el cual tendrá una dotación presupuestaria de 65 millones de euros, un 40% más en comparación con los 45 millones de la primera edición. Este plan, pendiente de aprobación, incluirá ayudas de hasta 5.500 euros a la compra de un vehículo de energías alternativas y la obligación de achatarramiento de un modelo pasará a ser opcional.
Planes de incentivo anteriores
La situación actual del sector de la automoción recuerda a la vivida en 2012, cuando las ventas de vehículos estaban por los suelos ante las consecuencias de la crisis económica. Y es que hace ocho años se pusieron en marcha ocho planes de incentivos, en un periodo de cuatro años, a la compra de vehículos eficientes, dotados de un total de 1.115 millones de euros. En este periodo se validaron 1.173.029 expedientes, que permitieron a España renovar un parque de vehículos antiguo y escalar cuatro puestos en la clasificación mundial de países constructores de vehículos y situarse como octavo productor mundial.
En septiembre de 2012 se registraron 35.146 unidades matriculadas, lo que supuso una caída del 36,8% en tasa interanual. Fue entonces cuando el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la primera edición del Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) dotado con un total de 75 millones de euros. Estas ayudas permitieron que la caída de las matriculaciones al cierre del ejercicio fuese del 13,4% en comparación con el ejercicio anterior y 699.589 unidades comercializadas.
Un año después, en 2013, se aprobaron tres tandas de subvenciones (PIVE 2, 3 y 4) las cuales sumaron un total de 290 millones de euros. Dichos planes permitieron que el canal de particulares liderase las matriculaciones, con una cuota del 55% y 398.788 turismos comercializados, un 18% más en tasa interanual.
Para 2014 la subvención creció hasta los 350 millones en un solo año (PIVE 5 y 6). De hecho, el 90% de los expedientes validados para beneficiarse de las ayudas en el PIVE 5 fueron solicitudes de particulares, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En el PIVE 6, desarrollado también en 2014 con una dotación presupuestaria de 175 millones de euros, el 91% de las solicitudes correspondieron a particulares y permitió que se diesen de baja vehículos con una antigüedad media de 18,2 años. Así, esta dotación permitió que el canal de particulares matriculase 483.767 vehículos, un 21% más en tasa interanual y una cuota del 57%.
En 2015 se llevaron a cabo dos nuevas ediciones del Plan PIVE (7 y 8) las cuales contemplaron dotaciones presupuestarias de 175 millones y 225 millones, respectivamente. En total, 400 millones de euros, los cuales permitieron que el canal de particulares matriculase 574.575 unidades, el 55% del total y un 18% más que el ejercicio anterior.
Distintos planes
Pero los planes PIVE no han sido los únicos llevados a cabo para incentivar la compra de vehículos. Movele, Movalt, Movea y VEA han sido los nombres de otros planes que la administración ha llevado a cabo para impulsar la compra de vehículos electrificados.
En 2014 se aprobó el primer Plan Movele, dotado con diez millones de euros que permitió la validación de 1.456 expedientes. De ellos, el 70% correspondieron a compras de turismos, el 15% a vehículos comerciales y el 15% restante a vehículos de categoría L6 y L7 (cuadriciclos).
Un año después llegó la segunda edición del Plan Movele, esta vez dotado con siete millones de euros. Por aquel entonces se validaron 1.073 expedientes, de los que el 65% correspondieron a turismos, el 23% a vehículos comerciales y el 12% a cuadriciclos.
En noviembre de 2015 se puso en marcha el Plan Movea, que unificaba en un único programa las ayudas estatales existentes hasta el momento a la adquisición de vehículos de energías alternativas. Dicho plan contaba con una dotación presupuestaria de 16,6 millones de euros, de los que 13,3 millones estaban destinados a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga y 3,3 millones para el resto. Estos incentivos comprendían unas ayudas estatales de entre 1.100 euros por un coche propulsado por GLP, hasta los 20.000 euros por la adquisición de un camión o autocar eléctrico o híbrido enchufable.
En 2017 el Plan Movea tuvo una dotación presupuestaria de 14,26 millones de euros, cuyas ayudas a la compra de motocicletas se agotaron en una hora y para los turismos en 24. La cantidad a descontar dependía del tipo de vehículo y oscilaba entre los 500 euros que se descuentan para los turismos, hasta los 18.000 euros para la compra de autobuses y camiones.
También en 2017 se llevó a cabo el Plan Movalt Vehículos, que estaba dotado con 20 millones de euros, los cuales se agotaron en menos de 24 horas. En aquella ocasión se llevaron a cabo un total de 4.353 registros para la compra de todo tipo de vehículos eléctricos.
Por otro lado, el 30 de noviembre de 2018 se cerró el plan Movalt Vehículos que contaba con 20 millones de euros. De ellos, se aplicaron un total de 16.059.000 euros, de los que 67.850 euros se destinaron a la compra de motocicletas eléctricas y el resto se destinó a la adquisición de vehículos de otras categorías.
En 2019 se intentó llevar a cabo el Plan VEA, que contaba con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible. De ellos, 50 millones de euros estaban destinados a incentivar la compra de vehículos alternativos, mientras que 16 millones estaban dedicados a impulsar las infraestructuras. La falta de acuerdo en la aprobación de los Presupuestos Generales de 2019 impidió que se distribuyese esta dotación.
Lo que sí se llevó a cabo fue el Plan Moves 2019, que contaba con un presupuesto de 45 millones de euros, a repartir en la compra de vehículos eficientes, ayudas a la instalación de puntos de carga y subvenciones para la implantación de sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas. Dicho plan obligaba al achatarramiento, lo que frenó la adjudicación de ayudas; de hecho, alguna Comunidad Autónoma no llegó a cubrir la parte que le correspondía en el reparto territorial.