El 64% de las compañías españolas confirma que ha aceptado pagos con retraso de las multinacionales, lo que supone un 20% más de las que lo hicieron en el año 2017, según Intrum. Además, el 15% de las organizaciones considera que el riesgo deudor bajará en un año
Las empresas españolas pierden sólo un 0,7% de sus ingresos anuales por impagos, 1,3 puntos menos que en 2017, según se deduce de los datos del El Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, compañía mundial en gestión de crédito y activo, con presencia en 24 países de Europa y alrededor de 8.000 empleados.
Explica Intrum en su informe que cuadrar gasto, ahorro y pago de facturas es uno de los principales retos de autónomos, pymes y grandes empresas. La incertidumbre con la que se encara el día a día hace que los tiempos de cobro sean especialmente importantes para la salud de sus cuentas.
Un 51% de las empresas españolas recibe peticiones para aceptar plazos de pago más largos. De ellas, el 42% termina cediendo ante sus clientes y acepta ampliar los plazos de pago, especialmente cuando se trata de grandes multinacionales.
"El incumplimiento de los plazos de pago provoca inseguridad en el tejido empresarial, por lo que es necesario que todas las cuestiones relacionadas con unas condiciones de pago razonables tengan más peso en la gestión empresarial y pasen a ser una parte importante de la responsabilidad corporativa de todas las compañías", apunta Alejandro Zurbano, director general de Intrum en España.
Causa grave de mortalidad de las pymes
El retraso en el cobro de las facturas se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Si a ello se le viene a sumar que la mayoría de ellas aplica el criterio de devengo, a través del cual se obligan estas empresas a liquidar la factura cuando se emite y no cuando se cobra, muchas empresas se han visto con verdaderos problemas de liquidez teniendo, incluso, que echar el cierre definitivamente.
Tradicionalmente se ha podido constatar que existen grandes diferencias en el periodo medio de cobro en función de la actividad que se analice. Por ejemplo, los sectores de papel y artes gráficas y químico suelen ser los períodos de cobro más pequeños, muy por debajo de la media nacional y en los que existe una menor tolerancia para conseguir que las empresas puedan financiarse a costa de la empresa proveedora o que realiza el servicio. Por el contrario, tradicionalmente los sectores de la construcción y del textil se encuentran en el otro fiel de la balanza y don los que plantean unos mayores plazos de cumplimientos en los pagos. Esta situación ha sido una de las causas principales en la desaparición de empresas desde los inicios de la crisis económica hasta la actualidad.
También, ha venido siendo habitual desde hace muchos años, que el Monitor de Morosidad de la patronal Cepyme, que también viene a analizar el comportamiento de pagos entre empresas, las medianas -las que cuentan con entre 50 y 249 trabajadores- son las que concentran mayores retrasos, aunque también, hay que reconocerlo, que son las que más han avanzado en acortar los tiempos de pago.
En España, la Ley 15/2010 de 5 de julio, de lucha contra la morosidad -que establece un plazo máximo de pago de 60 días- o el paquete de medidas que recoge el Real Decreto Ley 4/2013, posteriormente aprobada como Ley 11/2013, encaminadas a completar y garantizar el cumplimiento de la Directiva comunitaria en nuestro ordenamiento jurídico, suponen un firme paso al frente.
En Cepyme defienden que la implantación de un régimen sancionador de la morosidad tendría mayor repercusión si se reforma la Ley de Competencia desleal, con el fin de tipificar la morosidad como una práctica desleal y, por lo tanto, en su caso, merecedora de una sanción.
La inclusión en dicha Ley de diversas previsiones tanto de carácter sustantivo como procesal, destinadas a declarar la deslealtad de determinadas conductas empresariales relacionadas con la determinación y cumplimiento de los plazos de pago y las consecuencias de su inobservancia, sería mucho más eficiente desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa de la morosidad que la de desarrollar un régimen sancionador directamente de esta regulación.
Una situación generalizada
Con respecto al informe de Intrum, entre las 9.840 compañías entrevistadas de 29 países para este estudio, seis de cada diez reconocen pagar tarde de forma sistemática. Las españolas se sitúan en el segundo puesto del top ten de las empresas que mejores condiciones de pago permiten a sus clientes finales (B2C), alcanzando los 46 días de media, cuatro más que en 2017.
Seguidamente se sitúan Serbia (40), Portugal (36), Italia (32), Francia (29), Bulgaria y Suecia (26), Alemania (25) y Croacia (22), mientras que Bosnia Herzegovina ocupa el primer puesto al permitir un plazo medio de pago a los clientes finales de 47 días. En el extremo opuesto se sitúan las empresas de Estonia, con sólo 11 días. En lo que respecta a los tiempos de pago permitidos a los clientes corporativos (B2B), estos aumentan para el periodo analizado hasta los 51 días en España, situándose en tercer lugar del ranking, por detrás de Portugal (53) y Bosnia Herzegovina (70). Seguidamente se sitúa Italia con pagos a 50 días, Grecia (41), Francia (40), Rumanía y Bulgaria (36) y, para cerrar el listado, República Checa y Croacia con plazos de 32 días.
El sector público es uno de los que más ha bajado sus plazos de pago, pasando de los 59 días en 2017 a 51 en el caso español. Esta cifra viene a situar a España en el quinto lugar del ranking, por detrás de Italia (73), Bosnia Herzegovina (67), Grecia (65) y Portugal (54). Las primeras posiciones las completan Rumanía con pagos promedio de 48 días, Francia (44), Serbia (41), Bélgica (39) y Croacia (38). Por tamaño de empresa, las multinacionales son las que más instan a las compañías a alargar los plazos de pago. Según muestra el informe elaborado por Intrum, en el que se ha entrevistado a 1.126 empresas españolas, el 64% de las compañías ha aceptado que las grandes corporaciones le pagasen tarde, un 20% más de las que lo hicieron en 2017.
España, entre las que menos sancionan
Los retrasos en los pagos son una tendencia afianzada en el tejido empresarial español que seguirá manteniéndose el próximo año. De acuerdo con El Informe Europeo de Pagos, sólo el 15% de las compañías considera que el riesgo deudor bajará en los próximos 12 meses.
A pesar de que el 51% de las empresas españolas dice estar familiarizada con la directiva europea de medidas de lucha contra la morosidad, únicamente el 12% confirma aplicar un recargo de mínimo 40 euros por pagos atrasados, un porcentaje muy inferior al promedio europeo (29%).
No obstante, el 56% de las empresas españolas encuestadas asegura que no cuenta en ningún caso con garantías bancarias, seguros de crédito o protección contra impagos. "La gestión del crédito puede poner en peligro la supervivencia de cualquier empresa. Por ello, es necesario apostar por un comercio sencillo y seguro con el que ayudemos a las empresas a proteger sus pagos. Solo así contribuimos a una economía sólida para las personas, las empresas y la sociedad", explica Alejandro Zurbano. Aun así, las organizaciones españolas están entre las que menos disminuyen sus ganancias por deudas incobrables. En promedio, sólo el 0,7% de los ingresos anuales tuvieron que ser cancelados, frente al 2% de 2017.
Ficha Técnica del Informe Europeo de Pagos 2018
Este informe se basa en una encuesta realizada de manera simultánea en 29 países europeos entre el 24 de enero y el 23 de marzo de 2018. En él, Intrum reúne datos de un total de 9.840 empresas de Europa, 1.126 españolas, para informar sobre el comportamiento de pago y la salud financiera de las empresas europeas.
¿Quiénes incumplen con una mayor asiduidad?
- Aceptaciones y rechazos: el 42% de las compañías comunitarias acepta este tipo de retrasos en los pagos, frente a un 55% que los rechaza, mientras que un 3% se agarra al no sabe o no contesta, según las respuestas de las empresas encuestadas en este informe sobre morosidad.
- Las multinacionales: la mayoría de los retrasos llegan de la mano de las empresas multinacionales (64%), con lo que muchas de ellas siguen logrando financiación a costa de las sociedades que conforman el tejido empresarial más débil de la Comunidad.
- Las pymes: el segundo puesto del ranking de retrasos en los pagos lo ostentan las propias pymes, que en muchas ocasiones no cuentan con liquidez para afrontar los pagos y que engrosan, en más ocasiones de las deseadas por los proveedores de materias primas, productos y servicios, las carteras de impagados definitivos.
- Sector Público: los retrasos en los pagos del sector público se han reducido considerablemente en casi todas la Unión Europea, aunque aún suponen un 23% del total.
