Estamos a tan solo unos días de cumplirse ahora un año desde que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por Miguel Iceta, abría un periodo de consulta pública sobre los anteproyectos de Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés (lobbies) y de Prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público. Las competencias, tras la remodelación del Gobierno, han pasado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuya titular es María Jesús Montero, que espera tener lista la regulación de los lobbies en este ejercicio.
Estas normas tienen que definir lo que se entiende por grupo de interés y los derechos y obligaciones de sus miembros. También, deben establecer la publicidad de las agendas de los altos cargos, crear un registro público y obligatorio, así como establecer un régimen sancionador para altos cargos, empleados públicos y lobbistas, entre otros asuntos.
No se puede olvidar que la Comisión Europea ha ligado el desembolso de los fondos Next Generation EU a que España regule estos grupos, puesto que al no tener competencias para obligar a hacerlo a España, ha optado por desplegar este mecanismo indirecto de presión.
A estos proyectos se añade la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso para regular las relaciones de los diputados con los grupos de interés, planteada por el PSOE la primavera pasada para regular la actuación de los lobbies en la Cámara Baja, tras el rechazo de la propuesta presentada por el PP el pasado septiembre. Así, el pasado 23 de febrero de 2021, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para regular la actividad de los lobbies en España con 33 votos a favor y cinco abstenciones de Vox.
Esta proposición fue presentada por los diputados Odón Elorza y Rafael Simancas en representación del Grupo Parlamentario Socialista para llamar la atención sobre la necesidad de drenar la laguna legal en la que, según ellos se encuentra la actividad de los grupos de interés en España. Actividad, que si bien algunas CCAA ya han comenzado a regular, aún carece de una regulación Estatal.
Transparency International España concluye que los datos de percepción reflejan los múltiples escándalos de sobornos y tráfico de influencias que han sido portada de la prensa de forma continua en la última década. Pero también se comprueba que existe una conciencia difusa de que ciertas grandes corporaciones y grupos de interés influyen de forma indebida -aunque no necesariamente ilegal- en la toma de decisiones políticas. Ejemplos de ello incluyen la financiación de los partidos, el uso de las puertas giratorias, o la amenaza de la desinversión para paralizar cambios normativos necesarios.
España ocupa la posición 34/180 del ranking global del índice sobre corrupción
Tampoco se puede olvidar la calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, publicada por Transparency International, que ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado. España ocupa la posición 34/180 del ranking global del índice sobre corrupción, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC 2020. España se sitúa en el puesto número 14/27 de la UE, bajando dos posiciones.
El estudio Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, elaborado por Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez y publicado por la Fundación BBVA, señala que la calidad institucional está en España por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado por su economía.