El Ministerio de Educación de Zapatero creó el conocido plan Préstamo Renta Universidad con un presupuesto para cuatro cursos escolares (2007/2011) de 400 millones de euros, de los cuales concedió algo más de 220 millones a 15.623 alumnos. Actualmente, los jóvenes han devuelto más de la mitad de lo concedido. A pesar de que a los estudiantes se les fueron endureciendo las condiciones gradualmente en sucesivas convocatorias (el programa desapareció en 2011), el objetivo de estos era pagarlos. Pero la crisis y la falta de empleo dificultó este propósito.
Once años más tarde, estos préstamos ya tienen una estudiante embargada. El Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid ha dictado una orden general de ejecución por una cantidad de 18.000 euros. Es el primer caso en el que una persona ha sido embargada por no poder devolver un Préstamo Renta Universidad, una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la demanda judicial de una entidad financiera.
Estos préstamos, que aún afectan a 12.000 estudiantes, de los cuales 5.000 están con graves dificultades económicas, surgieron bajo el lema "estudiar más no cuesta tanto", en los que se ofrecía un pago inicial para la matrícula del máster de hasta 6.000 euros por año (12.000 euros si el máster era de dos cursos), y una dieta mensual de hasta 800 euros al mes durante la vida del máster. El tipo de interés era nulo (0%), con lo que era dinero gratis pero que había que devolver. Una vez alcanzado un determinado nivel de renta, 22.000 euros brutos al año, se tenía que empezar a devolver. No era una beca, con lo que no se tenía que competir contra otros candidatos, sino que sencillamente se solicitaba y, si se cumplen los requisitos, era concedido. Para devolverlo, había un plazo de 15 años, tras cinco de carencia. Si transcurridos 15 años no se había podido hacer frente a la amortización, la deuda prescribía.
Desde la convocatoria 2008-2009 en adelante, el comienzo de la amortización del préstamo se desligó de la renta futura, tras agotar los años de carencia (que se contemplaban en cada convocatoria) había que empezar a pagar con independencia de que se tuviera ingresos. Desapareció la prescripción a los 15 años. Además, incluyeron intereses (como el 10% en concepto de demora), así como comisiones por reclamación de posiciones deudoras (30 euros para cada cantidad vencida y reclamada), han ido incrementando la deuda de cada cuota impagada, por lo que aquellos afectados que no hayan podido hacer frente al pago (por no percibir ingresos de ningún tipo o percibir unos ingresos mínimos) han visto aumentada su deuda mes a mes.
Préstamo Renta Universidad
La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta responsabiliza al Ministerio de Educación "por su desidia" de que los bancos se estén lucrando con dinero público a pesar de las numerosas advertencias realizadas. Esta agrupación manifiesta que el procedimiento judicial se ha desarrollado sin el conocimiento de la afectada, ya que el Ministerio de Educación no avisó en ningún momento de la existencia de esta reclamación judicial y el banco no pidió al Ministerio el domicilio de la prestataria a efectos de notificaciones. La joven se ha enterado del procedimiento al comprobar que el banco se ha apropiado de los ahorros de su cuenta.
La plataforma cree que "el Gobierno socialista pecó de optimismo" en una época de bonanza previa a la crisis. El abogado de la asociación, Miguel Ángel Llamas, ha solicitado la nulidad de las actuaciones realizadas por el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid. Según Llamas, "es manifiestamente ilegal que un banco pueda embargar a una persona con base en un préstamo concedido por el Ministerio con fondos públicos. Confiamos en que el Juzgado declare la nulidad de las actuaciones tal y como hemos solicitado al personarnos, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter penal que se diriman. Es muy grave que un banco se apropie indebidamente del dinero de una persona falseando derechos de naturaleza pública que pertenecen a la Hacienda estatal".
La plataforma quiere que el Gobierno facilite los pagos de las deudas (que llegan hasta los 28.000 euros) y que se restablezcan las condiciones iniciales que se pactaron en 2007, así como la condonación en determinados casos extremos (casos de enfermedad grave u otras circunstancias extraordinarias). La plataforma consiguió que Educación ampliara la carencia y amortización de los créditos por dos años, lo que supuso cierto alivio, aunque han tenido que hacerse cargo de los gastos derivados de esta ampliación.
