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El PP valenciano pide suspender la aprobación de proyectos lingüísticos en los centros y asesorará jurídicamente a familias

El PPCV ha pedido suspender la aprobación de los proyectos lingüísticos de los centros, al considerar que es "una barbaridad" sacarlos adelante "situación sanitaria y social muy complicada" que vive la Comunidad Valenciana.

Asimismo, pone a disposición de las familias que lo deseen los servicios jurídicos del partido "ante la vulneración de sus derechos fundamentales". También ha solicitado la comparecencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, en Les Corts y ha presentado una propuesta en el parlamento autonómico para que "se reforme la norma en aquellos artículos que vulneran la legalidad".

Así lo han anunciado esta mañana la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y la portavoz de educación, Beatriz Gascó, tras reunirse digitalmente con las confederaciones de padres Covapa y Concapa. "Las familias no van a estar solas. Les apoyamos para que puedan impugnar los proyectos lingüísticos que no se ajusten a la legalidad", ha aseverado Eva Ortiz.

Por su parte, Beatriz Gascó, ha pedido la suspensión de los proyectos lingüísticos de centro. "En la Comunitat Valenciana vivimos una situación sanitaria y social muy complicada, por eso nos parece una barbaridad aprovechar esta coyuntura por parte de la administración para desarrollar planes educativos que van a cambiar el modelo educativo. Aprobar los proyectos lingüísticos de centros como ha pedido Marzà antes de que finalice febrero es una barbaridad", ha recalcado.

Gascó --que ha agradecido "la gran labor que están realizando los docentes en la Comunitat asumiendo un trabajo impagable"-- ha insistido en que "en este contexto tan complicado no se puede pedir que elaboren el proyecto lingüístico de centro para el próximo curso".

La portavoz 'popular' ha recordado que el pasado curso "la administración decidió suspender la aplicación del decreto de proyecto lingüístico porque se tenían que celebrar muchas reuniones y entendían que no era el contexto adecuado para decidir en qué lengua tiene que darse cada asignatura". Incluso, apunta, "hubo en las zonas castellano-hablantes como Orihuela una manifestación donde la comunidad educativa puso el grito en el cielo".

"El plan lingüístico del centro --prosigue-- obliga a los centros a impartir el 25% de asignaturas en valenciano, incluso los exentos de la asignatura de valenciano. Estas medidas, teniendo en cuenta la reciente ley de educación Celaá donde el castellano deja de ser lengua vehicular, van a provocar la implantación real del monolingüismo en detrimento del castellano como ocurre en Cataluña".

Gascó opina que "no tiene sentido aprobarlo este curso pues las circunstancias son las mismas que cuando se aplazó el curso pasado". "Pedimos que se vuelva a suspender la aplicación de los proyectos lingüísticos porque no es posible hacer reuniones para aprobarlo", reclama.

Y añade: "pedimos que el castellano siga siendo lengua vehicular y que, al menos, se respeten los porcentajes mínimos. Vamos dando pasos de gigante para desterrar el castellano a una lengua residual en la enseñanza. Han unificado ya todas las líneas en castellano que pasan a reforzar horas en valenciano. Esto se hace con porcentajes para que nadie sepa nada. En muchos centros ya se da el 80% de tiempo lectivo en valenciano sin hacer ruido".

Para la representante del PP "es lamentable que una ley mal hecha no se reforme". "Les dicen a los centros que no se preocupen y de palabra cambian las instrucciones continuamente en lugar de reformar la ley. Pedimos transparencia y que las instrucciones se den por escrito", agrega.

En este sentido, Beatriz Gascó ha pedido que "se lleve a cabo con criterios objetivos según una planificación para que haya oferta y demanda para poder elegir, con consultas vinculantes en los centros como se ha hecho con la jornada continua, y que se trabaje en una buena proporción para no aplicar un modelo único que no permita que la libertad esté garantizada".

Eva Ortiz ha calificado de "atropello" poner en marcha lo que denomina "imposición lingüística con 24 sentencias en contra y en plena pandemia". "Igual que han hecho con la aprobación de la Ley Celaá quieren llevarlo adelante en el peor momento. Un conseller de educación con 24 sentencias en contra significa que toda lo que ha intentado poner en marcha ha sido tumbado en los tribunales. Ya tarda tiempo Puig en echar al señor Marzà de conseller", ha instado.

Reunión "inmediata" con Marzà

El PPCV ha pedido una reunión inmediata con el conseller Marzà para aclarar estas cuestiones y ha solicitado su comparecencia en les Corts para explicarlo. "Ya está bien que se nos desprecie a quienes hablamos castellano en esta Comunidad y que a la gente del sur se nos relegue como dijo el consejero de À Punt Lluis Rivera que dice que los del sur somos una subregión".

Finalmente, Eva Ortiz ha pedido paralizar el proceso que se acaba de abrir "por los mismos motivos que se paró el curso pasado" y, además, ha mostrado su rechazo "al cambio de inspectores a dedo que está llevando a cabo Educación y que sean los asesores lingüísticos quienes se están reuniendo con los centros".

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