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La "Ley Celaá" entra en vigor y la oposición amenaza con llevarla a los Tribunales

  • Su desarrollo completo no terminará antes de mediados del 2024
Madrid

a es una realidad que la nueva ley educativa, la LOMLOE, ha entrado en vigor esta semana, concretamente, el pasado martes 19 de enero. Las reacciones no se han hecho esperar en un contexto marcado por el creciente aumento en el número de los contagios de la tercera ola y una vuelta a las aulas presenciales más convulsa de lo esperado. A pesar de su reciente aprobación, esto no implica que los cambios en las medidas se vayan a llevar a cabo de forma inmediata, sino que en la propia Ley se precisa cuándo se implantará cada una de ellas. De hecho, su desarrollo completo no terminará antes de mediados del 2024. En este sentido, a los 20 días de la publicación en el BOE, se aplicarán las modificaciones relativas a la participación y competencias del Consejo Escolar, el Claustro, directores de centro, la autonomía de los centros docentes, la selección del director en los centros públicos y la admisión de alumnos. Son cinco las Comunidades Autónomas que ya han puesto el grito en el cielo y pretenden sortear la ley: Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Al margen de lo que entrará ya en funcionamiento, hay otras cuestiones que se aplicarán más tarde. Así, tal y como especifica la norma, al inicio del curso 2021-2022 se implantarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas; las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de Grado Básico y Bachillerato; la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza; y los requisitos de acceso a las diferentes enseñanzas.

De esta forma, todo lo relacionado con los cambios en el currículo, la organización y objetivos de Educación Primaria se implantarán para los cursos 1º, 3º y 5º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para los cursos 2º, 4º y 6º en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor. En cuanto a los cambios de Bachillerato, se llevarán a cabo para 1º en el curso escolar el año que viene y para el 2º curso dentro de dos años. Sobre las modificaciones en los ciclos formativos de Grado Básico se implantarán el año que viene y el 2º curso de los mismos ciclos en dos años. En el 1º curso se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes y en 2º se eliminará la oferta de módulos voluntarios.

Las modificaciones que se introducen en el artículo 38 de esta Ley, relacionadas con el acceso y la admisión a la Universidad, se aplicarán en el curso escolar en el que se implante el 2º curso de Bachillerato. Finalmente, las evaluaciones de diagnóstico a las que se refieren los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, comenzarán a aplicarse en el curso escolar en el que se implanten los cursos 4º de Educación Primaria y 2º de ESO.

Cambios

Entre las novedades más destacadas esta ley ofrece un aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años, oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para la nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública. Una de las modificaciones más popularizadas fue la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

Dicha norma suprime la referencia al castellano como "lengua oficial del Estado" y la consideración de "lenguas vehiculares" tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales. Esta medida fue duramente criticada por la oposición, a pesar de que el Ejecutivo insiste en que el castellano no quedó plasmado como una lengua vehicular hasta la "Ley Wert" de 2013 y que no supondrá cambio alguno en la práctica. No obstante, la oposición ve con esta modificación una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta polémica suscitó que el PP, Vox y Cs hayan anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la nueva norma. El sector de la concertada, representada por la Plataforma Más Plurales, abanderó las seis concentraciones de protesta contra la LOMLOE durante los meses de noviembre y diciembre a las que se unieron miles de personas.

No es novedoso para esta norma recibir críticas y mucho menos una vez que se ha aprobado. Desde el pasado martes son numerosas las voces que se han querido sumar a la lucha contra esta nueva ley. Uno de los primeros en manifestarse fue el consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que ha insistido en que esta norma está "condenada al fracaso". Para el consejero la LOMLOE "se ha tramitado sin diálogo, y una ley educativa que se tramita sin diálogo está condenada al fracaso". Se ha mostrado preocupado por el cambio en la educación que se da cada vez que llega un nuevo gobierno a España y ha asegurado que los docentes en Andalucía tienen todas las garantías jurídicas y el amparo legal para que realicen su trabajo en las condiciones más normales posibles. "La educación tendría que ser algo sagrado, y no un instrumento de quita y pon por partidos de distinta ideología", concluyó.

El PP se plantea ir al Tribunal Constitucional con la nueva ley educativa

Por su parte, Vox proponía llevar esta nueva ley a los tribunales, ya que la educación es una de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Para Rocío Monasterio, portavoz de esta fuerza política en la Asamblea de Madrid, "existen motivos más que sobrados para presentar este recurso de inconstitucionalidad por parte de la Comunidad de Madrid, por considerarlo no conforme a la Constitución, dado que limita de forma indebida y desproporcionada derechos fundamentales de los madrileños". No obstante, la jugada no les salió como esperaban ya que tanto la Mesa como la Junta de Portavoces de la Asamblea rechazaron llevar a pleno su petición. Para Vox la Ley Celaá vulnera completamente el derecho fundamental a la libertad de educación recogido en el artículo 27 de la Constitución y pretende "imponer a los niños una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada, diferenciada, especial y en español".

La Ley, al Tribunal

La reacción más esperaba venía por el partido de la oposición que, coincidiendo con el día que entró en vigor esta ley, confirmó que la recurrirá al Tribunal Constitucional y acudirá a Europa. "Hoy arranca la injusta Ley Celaá", así afirmaba el PP el nuevo cambio en el área educativa y fue el propio líder, Pablo Casado, el que anunció que el PP iría al Tribunal Constitucional y que las comunidades donde gobierna su partido "adelantarían" este proceso para sortear la norma. "Legislaremos desde las CCAA para evitar sus estragos; acudiremos al TC y a la UE; y la derogaremos al llegar al Gobierno de España" afirmaba el PP.

En la misma línea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, señalaba que esta ley entra en vigor con "un gran rechazo social" añadiendo que va en "contra de la libertad, la vertebración de un país y el futuro de los jóvenes". También se unió a las declaraciones el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que señalaba que esta normativa durará "lo que tarde Casado en llegar al Gobierno", dejando claro cuáles son los planes de la fuerza política.

La Comunidad de Madrid no ha tardado ni un solo día en ponerse manos a la obra y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha iniciado la tramitación de la Ley Maestra de Libertades de Elección Educativa, a través de la cual va a intentar contrarrestar los efectos de la LOMLOE en su territorio.

La ministra propone un "lifting" a la Formación Profesional

Isabel Celaá dijo ayer que hay que hacer un "lifting" a la Formación Profesional en Espala y que en ello trabaja con la nueva ley de FP que está preparando. La ministra concretó que está trabajando en la legislación de la Formación Profesional con más de 300 empresas, interlocutores sociales, comunidades autónomas y partidos políticos.

El objetivo es impulsar "reformas estructurales". La futura ley recogerá el sistema "integrado" de la FP como el que desarrolló cuando fue consejera de Educación en el País Vasco, con el fin de "atender las necesidades de los ciudadanos que requieren formación y cualificación intermedia". Recordó que casi un 48% de los puestos de trabajo van a requerir una cualificación intermedia que no poseen los trabajadores debido al estigma que hay hacia la FP en España y es "absolutamente crucial impulsarlas", recalcó.

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