Madrid
Con la Ley Celaá recién entrada en vigor, las comunidades autónomas menos afines al Gobierno se preparan para enfrentarse a ella o, mejor dicho, para protegerse de ella. El ejecutivo madrileño, crítico desde un principio con esta nueva norma educativa, ha aprobado el decreto que eleva de seis a diez años la duración de los conciertos, lo que le permite blindar la educación concertada hasta el 2017. De esta forma, lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha conseguido es que los 360.000 alumnos madrileños que estudian en los colegios concertados podrán seguir haciéndolo hasta el curso 2027-2028. Para Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz regional, esta es la mejor manea de garantizar la libertad de elección a las familias madrileñas.
Esta medida se adoptó ante la opinión contraria del Ejecutivo regional que suscitó la decisión del Gobierno de reducir el papel de la educación concertada. Desde la Comunidad se defienden argumentando que la libertad de elección de centro es uno de los pilares del sistema educativo madrileño, ya que el 94% de los padres ha conseguido la primera opción de centro para sus hijos. Se trata del mejor porcentaje registrado en la región en toda su historia.
Desde la capital del país no han bajado el ritmo de trabajo para intentar defenderse de la mejor forma posible de la nueva ley educativa. En este sentido, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, anunciaba el pasado mes de diciembre la cesión de una parcela municipal de 23.000 metros cuadrados en el distrito de Vicálvaro al Gobierno regional para que pueda construir un nuevo colegio concertado antes de que la ley de educación entrara en vigor.
Varias comunidades se han unido para fortalecer el sector de la concertada. Una de ellas es Castilla-La Mancha, que ha aprobado recientemente 420 millones de euros para conciertos educativos. Emiliano García-Page, presidente de la región, ha recalcado que su ejecutivo trabaja en una estrategia de conciliación. De esta forma, aseguran los próximos cuatro años de conciertos educativos lo que permitirá que toda la comunidad educativa esté centrada en educar. Según la portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, en esta región hay 1.676 centros educativos, de los que 1.367 son de carácter público, 183 privados y 126 privados-concertados.
Esta misma línea la siguió Andalucía, en cuyo Boletín Oficial se publicaron las normas para renovar los conciertos educativos en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Especial, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional hasta el curso 2024/2025. Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz, justifica este paso como una piedra más en el dique defensivo que la Junta está haciendo para proteger no solo a la concertada, sino también la libre elección de las familias.
Más Plurales considera a la LOMLOE como la "peor Ley Orgánica de educación"
Por otra parte, hay regiones que lejos de ir en contra de la normativa educativa, la defienden y la apoyan, como la Comunidad Valenciana que intenta quitarle peso a las preocupaciones que giran en torno a la nueva ley. Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, transmitió un mensaje de tranquilidad a la escuela concertada.
En Extremadura, la comunidad educativa ha rechazado que se construya un colegio concertado porque consideran que es un intento de huida de la Ley Celaá. Por su parte, el consejero de Educación del Gobierno balear, Martí March, presentó la versión final del anteproyecto de la futura Ley de Educación de Baleares que va en perfecta consonancia con lo fijado en la Lomloe. Así, se establece que el catalán será la "lengua vertebradora" de la enseñanza en las islas, eliminando el apartado de "vehicular".
En contra de la Ley
La Plataforma Más Plurales, que aglutina a organizaciones del ámbito de la educación concertada, aseguró el pasado martes que no se va a detener ante la entrada en vigor de la LOMLOE y que está dispuesta a adoptar "todas las medidas necesarias para seguir defendiendo la libertad de enseñanza", por lo que se ha dirigido al Parlamento Europeo con varias iniciativas. Considera que esta Ley es un "ataque frontal" y "sistémico" al Estado de Derecho en España y porque es contraria a la Constitución Española (CE) y a varias normas internacionales y supranacionales. Durante los próximos días esta plataforma tiene pensado presentar ante la Comisión Europea una denuncia contra el Estado español por la "vulneración de Derechos Fundamentales y de Libertades del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Además, apunta que esta es la peor Ley Orgánica de educación de la reciente etapa constitucional.
Elección educativa
La Comunidad de Madrid, lejos de aceptar su destino, ha llavado al Consejo de Gobierno la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Se trata de una nueva normativa que "garantizará la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular". Esta nueva norma pretende que las familias puedan elegir entre las diferentes modalidades de escolarización existentes en la región para los alumnos con necesidades educativas especiales: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada. De esta manera, según el Gobierno regional, se garantiza la continuidad de los centros de educación especial, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal.
Además, la Comunidad aseguraba que se dotará de los recursos humanos y materiales necesarios y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, han reiterado que la Conserjería de Educación adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para garantizar la libertad de elección de las familias antes de la aprobación de la nueva ley educativa. De hecho, este Gobierno fue el primero en aprobar el pasado 4 de diciembre las instrucciones para este proceso dirigido a los estudiantes.
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que la LOMLOE no puede ser en ningún momento rebatida por una ley autonómica y ha animado a las comunidades autónomas a mejorarla. Celaá ha asegurado que la "libertad está totalmente garantizada" en la nueva ley y que esta norma "está anclada en el pacto educativo constitucional que se encuentra en el artículo 27".